Las reglas que emitió el Banco de México (Banxico) referentes al uso de activos virtuales, limitándolo sólo para operaciones internas tanto de bancos como de Instituciones de Tecnología Financiera (ITF), complicarían la operación de las casas de cambio (exchange) de criptomonedas que operan en México, aunque puedan continuar  como lo han hecho hasta ahora y sin necesidad de estar apegados a la Ley Fintech.

De acuerdo con Rocío Robles, encargada de supervisión de ITF y Modelos Novedosos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la compraventa de activos virtuales en México no es una actividad reservada; sin embargo, cuando un exchange reciba dinero fiduciario (por ejemplo, pesos) para realizar operaciones con este tipo de criptomonedas, podría caer en el supuesto de captación ilegal de recursos, por lo que tendría consecuencias jurídicas por esto.

“La circular dificulta mucho el negocio, no estoy segura que lo mate (...) lo que está prohibiendo es que las entidades reguladas (ITF y bancos) no operen con el público, pero las plataformas de activos virtuales, los exchanges (no regulados) pueden seguir operando fuera del mundo regulado”, detalló la funcionaria al participar en un panel convocado por HyperBlock.

Añadió que en México captar recursos del público es una actividad reservada, es decir, que sólo lo pueden hacer las entidades que tengan la autorización de los entes regulatorios para hacerlo.

En México, algunos exchanges de activos virtuales, sí requieren la entrada de dinero fiduciario para intermediar la compraventa de criptomonedas. De acuerdo con lo dicho por la funcionaria, y con la circular emitida por el Banxico el pasado viernes, algunas de estas empresas sí podrían caer en el supuesto de captación irregular, si es que deciden operar fuera de la Ley Fintech.

“El gran problema es que aunado a la circular (...) la recepción de efectivo se las restringe mucho, no es que las mate pero sí les pone muchas trabas. Pueden seguir avanzando los activos virtuales en México pero les va a costar mucho más trabajo”, comentó Robles.

La funcionaria de la CNBV indicó que el Banxico al no emitir un listado específico de activos virtuales, y sólo delinear las reglas para el uso de éstos en operaciones internas tanto de bancos como de ITF, da la posibilidad de que cualquier figura pueda operar criptomonedas y en caso de que requieran dinero fiduciario para sus operaciones, podrían inventar algún esquema donde no violen la ley.

Reportan al SAT

Según Robles, en la actualidad las operaciones con activos virtuales, al no ser una actividad reservada, se podría hacer por cualquier figura que no sea entidad financiera o ITF; sin embargo, en caso de que los montos de dichas operaciones sobrepasen ciertos umbrales, se tienen que reportar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para efectos de prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

“(En la actualidad) un exchange está obligado por la ley a reportar información y cuando se atraviesen esos umbrales se tiene que reportar al SAT”, explicó.

Según la Ley Fintech, emitida en marzo del 2018, las operaciones de activos virtuales que se realicen por figuras jurídicas reconocidas en dicha normativa tendrán que reportar dichas transacciones siempre y cuando éstas rebasen las 645 UMA, es decir, poco más de 54,000 pesos, con el fin de cumplir con la ley antilavado.

En dicho foro, tanto representantes de exchanges como abogados especializados en la tecnología blockchain, la cual sustenta la operación de los activos virtuales, indicaron que se tendrá que hacer un trabajo dentro del periodo de consulta, (de 60 días hábiles a partir de la circular) establecido por el Banxico para recibir comentarios sobre dichas disposiciones, con el fin de convencer al banco central de no limitar el uso de los activos virtuales.

Asimismo, indicaron que en caso de que Banxico no modifique dicha circular, se tendrían que crear parámetros con el fin de tener una industria de activos virtuales fuera de la Ley Fintech, pero con esquemas de autorregulación apegados a las mejores prácticas internacionales, con el fin de darle protección y certeza a sus clientes.

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