La baja penetración de servicios financieros y el creciente uso del Internet y del teléfono celular hacen de México un terreno fértil para las fintech, considera el dictamen final de proyecto de ley en la materia.

El documento, emitido por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), y que ya está en manos del Ejecutivo para ser enviado al Congreso de la Unión en cualquier momento, destaca que, de acuerdo con el Reporte Nacional de Inclusión Financiera del 2016, sólo 39% de los 127 millones de mexicanos cuenta con acceso a servicios financieros formales.

“No poseer una cuenta bancaria representa una seria limitante para mejorar la calidad de vida de las personas, el fortalecimiento de las finanzas personales y de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como una mayor inclusión social”, precisa.

En este sentido, destaca que contar con opciones de servicios financieros alternativos hace de México terreno fértil para el sector fintech, toda vez que la tecnología representa un factor importante para ampliar y profundizar la inclusión financiera, especialmente en las áreas rurales y para la atención de grupos tradicionalmente excluidos, lo que contribuirá a fomentar el uso de nuevos canales de acceso, así como introducir nuevos productos que satisfagan las necesidades del mercado.

El dictamen final del anteproyecto de ley indica también en sus consideraciones generales que características como una alta penetración de Internet fijo y móvil (de acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet, para finales del 2016 había en México 65 millones usuarios de Internet), un adecuado ecosistema comercial electrónico, y un creciente número de reformas a sectores medulares y adyacentes al sector financiero (como la reforma y política de inclusión) hacen de México un país atractivo para las empresas fintech.

En este sentido, el documento refiere que, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se puede afirmar que los emprendimientos fintech se han fortalecido en México durante los últimos años, gracias a iniciativas públicas y privadas, mediante apoyos y estímulos al desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas que permitan la diversificación de los productos financieros hacia el capital emprendedor, con una mayor cantidad de recursos de origen nacional e internacional disponibles para acompañarlo.

Con base en el radar de Finnovista, hoy México ya es líder en América Latina en la industria fintech, con alrededor de 250 startups registradas, por arriba incluso de Brasil, y con un crecimiento importante en el último año. La Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap) ha asegurado que la industria fintech es una de sus prioritarias, y que del 2010 al 2016 se han invertido alrededor de 215 millones de dólares, y hoy hay otros 300 millones que podrían canalizarse a esta industria.

El dictamen final de la iniciativa de ley fintech refiere que, de acuerdo con el propio BID, la aparición de las tecnologías financieras modificó, por un lado, las pautas de competencia y la competitividad, no sólo dentro de la industria, sino también entre los países de la región, y por otro lado amplió el acceso de la población a un sistema financiero más democrático, transparente y menos excluyente.

La Cofemer añade que, si bien en el sistema financiero mexicano coexisten organismos e instituciones que captan, administran y canalizan de manera tradicional la inversión y el ahorro, y que operan en cinco grandes sectores (todos regulados) como el bancario, bursátil, derivados, seguros y fianzas, y pensiones; también existen mecanismos alternativos a los cuales recurre el público usuario, pero que no siempre operan en la legalidad, tales como los préstamos milagro, usureros y tandas, los cuales son riesgosos al no estar regulados y tener altas tasas de interés.

En este sentido, la Cofemer explica que contar con un instrumento jurídico que transparente y dé certeza jurídica y confianza a los agentes partícipes del sector fintech es pertinente.

“(Con esta ley) se dotará de certeza jurídica y de un marco regulatorio completo a las empresas que conforman el sector fintech en México, así como de las disposiciones generales que deberán atender dichos agentes partícipes respecto de los productos y servicios financieros que ofrecen, al tiempo que se promueve la competencia, se incentiva la innovación, se alienta la inclusión financiera y se protege al público usuario y al sistema en su conjunto”, concluye.