El sistema público de salud vive un momento de crisis, no sólo por los recortes al presupuesto de 2019. La nueva licitación de medicamentos, la desconfianza en el sector privado y la lucha contra la corrupción de alguna forma se tradujeron en recortes a la atención médica y desabasto de medicamentos, lo que generó incertidumbre entre la institución y sus atendidos.

Los especialistas del sector aseguran que estas acciones pueden traer beneficios importantes a mediano plazo, pero siempre debe mantenerse el flujo de recursos y la garantía de los servicios se salud. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los detuvo al reservar más de 2,500 millones de pesos (mdp) del presupuesto etiquetado para el funcionamiento de hospitales, institutos y centros de atención a las adicciones.

“Cuando se trata de salud, no debemos olvidar que estamos hablando de personas y vidas, y si se decide posponer o cambiar las reglas del juego de un proceso o licitación, el primer afectado será el paciente”, considera Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Judith Méndez, coordinadora de Salud y Finanzas Públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), recuerda que los recortes presupuestales provienen de administraciones pasadas, pero la crisis se incrementó en la transición.

“Desde hace varios años ya veníamos advirtiendo del bajo presupuesto que se le destinaba al sistema de salud. El problema se agrava con cuestiones operativas del nuevo gobierno (…) Y en esta etapa de transición no se han mantenido procesos que ya funcionaban antes”, explica Méndez.

La actual administración comenzó con recortes al personal de Salud; los médicos residentes registraron falta de pagos de sueldos y prestaciones, mientras que a los médicos que prestan servicio social les recorten 50% de su beca a partir de agosto de 2019 (dato al cierre de esta edición).

Aunado a ello, también se registró un desabasto de medicamentos luego de que el gobierno anunciara que tanto la distribución de fármacos como los materiales de curación correrán a cargo de la presente administración, como una medida para combatir la corrupción.

A pesar del panorama, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que no se registran afectaciones al sistema: “Estamos trabajando para que haya todo, pero era un desastre por completo, este sector está peor que el educativo”, dijo el 23 de mayo pasado en la conferencia de prensa matutina.

De origen añejo

Los problemas de financiamiento en el sector provienen de administraciones pasadas. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, en 2013 se destinó 3% del PIB nacional a salud, y la promesa fue alcanzar el 6% que establece como idóneo la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Al final de su gobierno, el presupuesto para salud era de 2.5%, es decir, 0.5 puntos porcentuales menos que al inicio de su mandato.

La llegada del nuevo gobierno no mejoró la inversión en salud. El Presupuesto de Egresos de la Federación señala que para 2019, la Secretaría de Salud ejercerá poco más de 124,266,000 millones de pesos, esto es 3.2% menos recursos de los que se le entregaron el año pasado, y que representan 2.48% del PIB nacional.

Pese al recorte, el presidente López Obrador prometió duplicar el porcentaje del PIB y convertir el sistema público en algo similar a lo que tienen Suecia, Noruega o Canadá, donde todos los habitantes cuentan con atención y medicamentos gratuitos. “El sistema sueco invierte 9% del PIB, y eso está lejos de nuestras posibilidades, pero el incremento de 1% del PIB es modesto, realista y urgente”, asegura José Alarcón, catedrático de Liderazgo de las Instituciones de Salud, de la Universidad Anáhuac. Contrario a lo que ha sucedido con la inversión del gobierno en salud, el gasto de bolsillo creció desde principios de este siglo y se mantiene en 41% de la inversión de México en esta materia, ya que los usuarios pagan la consulta y los medicamentos, ante la mala atención en los servicios públicos y escasez de los fármacos.

A mediados de julio de 2019, AMLO señaló en el Memorándum del Sistema de Salud Pública que el gobierno mantendrá dos sistemas de atención: por un lado el sistema a derechohabientes del ISSSTE y del IMSS y por el otro el sistema de atención para la población abierta. La coordinación quedará a cargo de la Secretaría de Salud.

Agregó que se creará el Instituto de Salud para el Bienestar para suplir las funciones del actual Seguro Popular.

Datos del Inegi señalan que sólo cuatro de cada 10 mexicanos que acuden al IMSS, ISSSTE o el Seguro Popular están satisfechos con el servicio proporcionado. Y sólo seis de cada 10 logran surtir sus recetas completas en cualquiera de estas instituciones.

Ante esta mala atención, los pacientes que pueden hacerlo prefieren pagar sus consultas y tratamientos en hospitales privados.

Las quejas de los usuarios son reflejo de los recortes presupuestales que tiene el sector cada año, y en el que no se consideran las variables demográficas y epidemiológicas, como las enfermedades crónico-degenerativas o el envejecimiento de la población.

“Si tu presupuesto es operativo y se incrementa por la inflación, se justifican los aumentos que tenemos. Pero si estás presupuestando en atención a la población, como debería ser, el IMSS y el ISSSTE presentan déficit porque no actualizaron su definición por cuota”, explica Méndez.

Adeudos del ISSSTE

En abril pasado, el director de Administración y Finanzas del instituto, Pedro Zenteno Santaella, aseguró que los pasivos de la dependencia pasaron de 8,294 millones de pesos a 18,917 millones en los últimos dos años, lo que ponía al ISSSTE al borde la quiebra a partir de julio de 2019.

No obstante, el director, Luis Antonio Ramírez Pineda, negó esta crisis y explicó que el instituto cuenta una reserva financiera de 97,000 millones de pesos para hacer frente a cualquier problema económico que pudieran tener.

El ISSSTE afronta una saturación ante la llegada de 700,00 burócratas que perdieron su seguro de gastos médicos mayores y ahora tienen que atenderse en la dependencia.

Aunado a eso, la deuda suma un monto de 22,000 millones de pesos a las empresas que les surten los medicamentos, revela Patrick Devlyn, del CCE. Esto ha ocasionado que los proveedores restrinjan sus servicios, pues no hay certeza de pago. “En estos casos, cualquier empresa puede irse a la quiebra o ahogarse por la falta de pagos”, expone el empresario.

Medicamentos: hipertensión empresarial

Como una medida para combatir la corrupción, la actual administración decidió realizar una compra consolidada de medicamentos extraordinaria, con la cual anunció, además, que el gobierno se hará cargo de la distribución de los medicamentos.

Después del anuncio, el sector adquiere el equivalente a sólo 40% del medicamento que compraba en noviembre pasado, con la intención de conseguir un mejor precio en esta nueva licitación, explica el presidente de la Comisión de Salud del CCE.

“Esta decisión reduce la posibilidad de obtener mejores precios y contribuye a que se exacerbe la sensación de desabasto”, asegura el empresario.

En abril pasado, AMLO acusó a las empresas Fármacos Especializados, Farmacéuticos Maypo y a la Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipos Médicos de haberse enriquecido con la distribución de los medicamentos y material de curación. Por ello, decidió suspender su participación en cualquier licitación, hasta que concluya la investigación en su contra.

“Si el gobierno tiene dudas acerca de algunas empresas o deudas, tiene toda la facultad para investigar y depurar, seguir un debido proceso, aplicar la ley con todo su alcance, pero no nos conviene caer en una dinámica de vetos y descalificaciones a priori, hecho sólo de forma de mediática y satanizando a algunos sectores de la industria”, expresa Devlyn.

Como parte de estas decisiones, se formalizó la licitación extraordinaria el 24 de junio pasado, con la entrega de las propuestas de los laboratorios y la ejecución de otras partes del proceso de licitación con la comisión negociadora de medicamentos de patente.

Sin embargo, hay incertidumbre sobre las condiciones de la distribución, los precios y cuándo deberán entregar el producto, ya que no quieren que se les culpe del desabasto por no poder cumplir las fechas de los contratos.

“La industria de la salud está en un momento caótico, es un momento muy retador donde la industria esta hacinando propuestas y actitud colaborativa para que este nuevo modelo de adquisición de medicamentos se logre con éxito”, asegura el empresario.

Esta decisión afectó a los usuarios del sistema —sobre todo, a los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas—, quienes sufrieron desabasto en las farmacias de clínicas y hospitales en las últimas semanas.

Intentos de universalización

Desde las administraciones panistas se planteó la necesidad de unificar el IMSS, el ISSSTE y los servicios de salud en un solo sistema público, sin que este proyecto se haya podido consolidar.

Ante los intentos fallidos, el gobierno creó el Seguro Popular, un sistema de financiamiento que atiende a los mexicanos que no están afiliados a ningún otro subsistema.

Ahora, el Instituto de Salud para Bienestar será el encargado de adquirir todos los medicamentos, material de curación y equipos médicos para el sector salud, así como abastecer los centros de salud y hospitales. También atenderá al personal médico y el mantenimiento de infraestructura.

Judith Méndez, del CIEP, comentó que en el Seguro Popular los recursos siempre fueron insuficientes para todos los usuarios que se pretendía atender. “Tiene un buen funcionamiento en el esquema federal, está bien estructurado y diseñado, bien pensado, el problema era la rendición de cuentas en los estados. No era necesario eliminarlo”, dice la investigadora.

Resultaba necesario fiscalizar correctamente el uso de los recursos entregados a los estados, donde se han registrado desvíos millonarios y hasta la quiebra de los sistemas de salud. Con estos cambios, el gobierno de López Obrador pretende construir la unificación del sistema y lograr el objetivo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo, que busca un sistema homologado y universal que privilegie la prevención de enfermedades, y permita el acceso gratuito y efectivo a toda la población a servicios de calidad.

Sin embargo, ello sólo podrá cumplirse si hay voluntad política, afirma José Alarcón, catedrático de la Anáhuac. De otra manera, se quedará nuevamente en otra promesa. Mientras se esperan los planes de esta transición, el sistema de salud pública permanece en la sala de cuidados intensivos.