Ven falta de definición de discriminación a mujeres

En el marco del 89º periodo de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) de la ONU, México fue examinado por sus avances y rezagos en materia de igualdad sustantiva y derechos de las mujeres.

Yamila González Ferrer, relatora del Comité, advirtió que persiste la ausencia de una definición constitucional clara de discriminación conforme a los estándares de la Convención, así como el no reconocimiento de la discriminación indirecta e interseccional, lo que afecta a mujeres indígenas, afromexicanas, con discapacidad, migrantes y LGBTI.

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández defendió la reforma judicial impulsada por el actual gobierno como una vía para reducir la impunidad y garantizar justicia con perspectiva de género, señalando que la perspectiva de género fue elevada a rango constitucional.

Durante el diálogo, el Estado mexicano también expuso avances en capacitación judicial. Se mencionó la creación de un sistema de monitoreo de recomendaciones internacionales y un curso obligatorio en perspectiva de género para el Poder Judicial, que ya ha capacitado al 59% del personal federal.

Por su parte, la senadora Malú Micher argumentó que el artículo primero de la Constitución ya prohíbe la discriminación y que la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres incluye una nueva definición que amplía el concepto, incorporando elementos como la apariencia.

Denuncian retrocesos

Veintiuna organizaciones civiles mexicanas agrupadas en la Alianza por los Derechos de las Mujeres y Niñas en toda su diversidad alertaron ante el Comité de la CEDAW sobre retrocesos graves y persistentes violaciones a los derechos humanos de mujeres y niñas en México.

Entre los puntos más alarmantes, las organizaciones señalaron el avance de la militarización en funciones civiles como seguridad, migración y megaproyectos, lo que ha incrementado la exposición de mujeres indígenas y migrantes a la violencia.

Yamila González Ferrer, relatora del Comité, advirtió que persiste la ausencia de una definición constitucional clara de discriminación conforme a los estándares de la Convención.