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Heredó presidenta crisis en derechos e impunidad en delitos
Desapariciones y tortura se mantienen como problemas por atender, afirma reporte.

La militarización de la seguridad pública sigue como un foco rojo en materia de derechos humanos, denunció Human Rights Watch.
En su “Informe Mundial 2025: Tendencias de los derechos en México”, Human Rights Watch (HRW) alertó sobre el deterioro del Estado de derecho en México, y precisó que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum heredó una crisis marcada por la violencia extrema del crimen organizado y los abusos cometidos por agentes del Estado con impunidad generalizada.
HRW subrayó que México enfrenta violencia, con tasas de homicidios que, aunque han disminuido ligeramente, siguen siendo de las más altas en la región; en 2023, el país registró 24.9 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Mientras que las desapariciones continúan en aumento, con más de 115,000 personas reportadas como desaparecidas hasta septiembre de 2024.
“Cuando las familias denuncian las desapariciones, las autoridades a menudo no cumplen con su obligación de investigar. Las familias de las víctimas han formado más de 230 ‘colectivos de búsqueda’ para investigar las desapariciones (...) En febrero, organizaciones de derechos humanos denunciaron, en una audiencia ante la CIDH, que 16 miembros de estos colectivos habían sido asesinados durante el gobierno de (Andrés Manuel) López Obrador”, denunció la organización.
En cuanto a ataques a periodistas se refiere, se indicó que México permanece como uno de los países más peligrosos para el gremio y defensores de derechos humanos.
Esto debido a que, entre 2018 y 2024, se documentaron unas 3,400 agresiones contra periodistas, incluyendo 46 asesinatos y cuatro desapariciones. Mientras que, la fiscalía especial, sólo ha logrado ocho condenas por homicidios desde su creación en 2010.
Tortura
Se dio cuenta también que, en la República, las autoridades recurren a la tortura con el objetivo de obtener confesiones e información. Precisaron que, según los datos más recientes del Inegi (2021), casi la mitad de las personas encuestadas afirmaron que, tras ser detenidos, policías o soldados los habían sometido a malos tratos físicos.
“Las autoridades recibieron 6,226 denuncias penales por tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes en 2022, según el Observatorio Contra la Tortura, un proyecto de un colectivo de organizaciones de derechos humanos. Sólo 82 casos derivaron en procesos penales y sólo 10 dieron lugar a una sentencia condenatoria o absolutoria en 2022”, señaló HRW.
Además, se indicó que la militarización continúa esto debido a que la Guardia Nacional quedó bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional, eliminando la restricción de funciones no militares en tiempos de paz.
Sistema de justicia
La ONG expresó su preocupación por los recientes cambios constitucionales que fortalecen la presencia militar en labores de seguridad y reestructuran el sistema de justicia.
HRW advirtió que estas medidas podrían perpetuar abusos y debilitar la independencia judicial, afectando el derecho a un juicio justo.
La justicia penal, añadió, enfrenta graves deficiencias: sólo 16% de las investigaciones penales se resolvieron en 2022.
“Las fiscalías no investigan de manera eficaz la mayoría de los delitos y violaciones de los derechos humanos, incluyendo los abusos cometidos por agentes del Estado (...) Rara vez persiguen penalmente a las personas responsables o adoptan otras medidas para garantizar la rendición de cuentas”, concluyó.