Es desarrollo de infraestructura social y los requerimientos de política pública

“Para una economía construida para perdurar, debemos invertir en aquello que nos impulse durante las generaciones venideras”. Cory Booker senador estadounidense.

En la reunión anual de GRI Real Estate Latin America, celebrada esta semana en Nueva York, tuve la oportunidad de participar en un panel sobre gobernanza urbana en América Latina. El eje de la conversación fue: ¿por qué la región no ha podido escalar las asociaciones público-privadas con participación de capital privado en el desarrollo de infraestructura social, más allá de proyectos específicos, algunos más exitosos que otros, relacionados con infraestructura de transporte? 

América Latina invierte en infraestructura el equivalente a 2.2% de su PIB al año, cuando la brecha para sostener el crecimiento exigiría entre 4.5% y 5%, según estimaciones del BID. La diferencia no se cierra porque falte capital privado; en el mundo hay capital de sobra buscando activos con flujos estables. La diferencia persiste porque el marco institucional no logra hacer creíbles los compromisos del Estado a lo largo del tiempo. Y sin certidumbre, no hay contrato que pase la prueba ante inversionistas potenciales.

Los países que han avanzado en este sentido, como Colombia con la Agencia Nacional de Infraestructura, Perú con ProInversión, Brasil con un mercado de deuda en infraestructura que ya supera los 30,000 millones de dólares, tienen algo en común: diseñaron estructuras que reducen la discrecionalidad gubernamental. No eliminaron la participación del gobierno; simplemente lo hicieron más predecible. Y esa es una lección importante: los inversionistas no huyen del riesgo, sino de la ambigüedad y la discrecionalidad. El riesgo puede modelarse en los retornos financieros previstos, pero la ambigüedad en las decisiones gubernamentales no.

México tiene, en términos conceptuales, un régimen fiscal adecuado para atraer capital institucional al sector de bienes raíces: los fideicomisos de inversión en bienes raíces (FIBRAs). Sin embargo, esa lógica no se ha aplicado a temas estratégicos de infraestructura social en sectores como la educación superior, donde la demanda de infraestructura es estructural y creciente. La tasa de escolaridad terciaria entre jóvenes de 25 a 34 años pasó de 24% a 27% entre 2019 y 2024, lo que representa el avance más acelerado que el país ha registrado en ese indicador. Pero falta desarrollar infraestructura física para atender la creciente demanda durante las próximas dos décadas.

En el mercado, este tema se resolvió parcialmente con la creación, hace casi 8 años, del primer vehículo fondeado con recursos privados para el desarrollo de infraestructura educativa orientada a la educación superior de los segmentos de ingresos medios bajos y bajos.

Aun sin un marco formal de asociaciones público-privadas en el sector educativo, el capital institucional encontró el camino de un vehículo listado en bolsa, regulado por la CNBV, con gobierno corporativo auditable y rendimientos vinculados a contratos de largo plazo con instituciones educativas privadas.

La pregunta relevante no es si este modelo es perfecto; claramente es mejorable y escalable. Pero cada año en el que el Estado no construye un mejor marco regulatorio para la participación privada en sectores estratégicos (por ejemplo, de infraestructura social, en particular de infraestructura educativa) es un año en el que el financiamiento de ese sector recae sobre las familias o sobre vehículos privados con acceso limitado al capital. Y el rezago educativo en un país como México, en el que un incremento estratégico y significativo del nivel educativo de las familias de menores ingresos, particularmente vinculadas al sector productivo, tiene un impacto fundamental.

La economía conductual tiene un nombre para la tendencia a no actuar cuando el costo de la inacción es invisible: el sesgo de omisión. Es más fácil no decidir que decidir mal. Pero en política de infraestructura, no decidir también es una decisión, y las consecuencias se acumulan: en este caso, en la brecha entre la demanda educativa y la oferta de espacios para satisfacerla.

Esta que se abrió esta semana en Nueva York debe ser una conversación que tengamos en casa. El crecimiento sostenido de la economía, el aprovechamiento de oportunidades de relocalización de inversiones o la expansión del bienestar financiero de las familias dependen de cómo resolvamos estas preguntas.