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García Harfuch anuncia que FGR trabaja en la extradición de Inés Gómez Mont
La detención ocurrió el 30 de octubre de 2026 en Miami, Florida, después de permanecer casi cinco años fuera del alcance de las autoridades mexicanas.

La exconductora fue detenida en Miami por una orden de aprehensión relacionada con defraudación fiscal equiparada
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó este martes que la Fiscalía General de la República en la extradición de la exconductora y actriz mexicana Inés Gómez Mont.
"El caso lo tiene FGR; sabemos que está detenida allá (Estados Unidos) y que FGR está haciendo los trámites para traerla a México", mencionó durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Palacio Nacional.
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La FGR realizó la captura por un intercambio de información con el Gobierno de Estados Unidos, aunque el arresto lo ejecutaron autoridades migratorias de ese país dada la situación irregular de la mexicana, no precisamente como resultado de la ejecución directa de las órdenes de aprehensión en México.
La detención ocurrió el 30 de octubre de 2026 en Miami, Florida, después de permanecer casi cinco años fuera del alcance de las autoridades mexicanas. Fue trasladada al Broward Transitional Center, en Pompano Beach, Florida, donde permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Aunque su defensa presentó un recurso de habeas corpus ante una corte federal estadounidense para impugnar la legalidad de su detención y solicitar su liberación, un juez rechazó la petición de liberación inmediata y señaló que debía recurrir primero a los mecanismos del procedimiento migratorio.
Cargos contra Gómez Mont
El caso contra Inés Gómez Mont se remonta a 2021, cuando un juez federal giró órdenes de aprehensión en su contra y contra su esposo, el empresario y abogado Víctor Manuel Álvarez Puga. Las investigaciones de la FGR los relacionan con una presunta red de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado, mediante empresas que simularon operaciones para obtener y triangular recursos públicos.
Ese expediente contempla contratos por aproximadamente 2,950 millones de pesos, otorgados entre 2016 y 2017 por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, para servicios relacionados con centros penitenciarios federales.
A la exconductora se le investigan presuntos depósitos en sus cuentas bancarias personales provenientes de empresas vinculadas con el esquema financiero. Asimismo, enfrenta dos órdenes de aprehensión por defraudación fiscal equiparada en relación con supuestas irregularidades en el pago de impuestos.
El 2 de noviembre, la fiscal general Ernestina Godoy confirmó que la mexicana tiene tres órdenes de aprehensión vigentes en México: una por probable delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y otras dos por delitos fiscales.



