FGR abre investigación contra jueza por resolución en caso Pegasus

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que abrió una investigación contra una juez federal que desechó el martes pasado una solicitud de vinculación a proceso contra Judith Aracely Gómez Molano, a quien la fiscalía acusa de haber participado en la adquisición ilegal del software de espionaje Pegasus por parte de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en 2014.

La FGR indicó que la carpeta de investigación en contra de la juez de Control, Alejandra Domínguez Santos, es por posibles delitos contra la administración de justicia.

En un comunicado, la fiscalía detalló que, tras dos años y medio de retrasos que calificó como “ilegales”, finalmente se concedió la audiencia en la que se presentó la imputación formal contra Gómez Molano por cinco delitos: uso indebido de atribuciones y facultades, peculado, fraude equiparado, asociación delictuosa y participación en una compra ilegal que costó 460 millones de pesos al erario.

La institución sostuvo que la exfuncionaria no solo incumplió su obligación de supervisar la contratación, sino que también participó activamente en una operación que “dañó gravemente el patrimonio público” y benefició al proveedor sin justificación de riesgo, urgencia o confidencialidad.

“A pesar de todas esas pruebas ofrecidas por la Fiscalía, la Jueza de Control, decidió no vincularla", sostuvo.

Antecedentes

Judith Aracely Gómez Molano fue oficial mayor de la PGR durante la administración de Jesús Murillo Karam. Fue acusada en mayo de 2023 por la compra del software Pegasus, junto a otros tres funcionarios.

Además, se desempeñó como secretaría particular de Murillo Karam y coordinadora administrativa en la Cámara de Diputados; mientras que, en 2015, asumió un cargo similar como Oficial Mayor en la Sedatu.

Otros casos en los que se ha visto involucrada fueron, en 2020, una vinculación a proceso por su presunta responsabilidad en la compra a sobreprecio de un avión Bombardier Challenger CL‑600 para uso personal del procurador, a través de un arrendamiento con Banobras, con un costo de 19,6 millones de dólares, pese a que el valor real estaba por debajo de los 16 millones.

Asimismo, enfrentó cargos por autorizar el desvío de 852 millones de pesos en 2013‑2014 para adquirir camionetas equipadas con tecnología de espionaje usando recursos de la partida destinada a “Gastos de Seguridad Pública y Nacional”.