Diputados aprueban la segunda "Ley Antimemes" impulsada por Sheinbaum

Cámara de Diputados aprobó la segunda “Ley antimemes”, una reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum que busca sancionar con hasta 5 años de cárcel el uso indebido de imágenes y logos institucionales.

Con 281 votos a favor y 87 en contra en lo general y particular, la mayoría de Morena y sus aliados dieron su aval a diversas modificaciones al Código Penal Federal y de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. El proyecto fue enviado al Ejecutivo federal para su publicación.

Al defender las reformas, el diputado Julio César Moreno Rivera (Morena) aseguró que esta reforma atiende disposiciones penales que no habían sido actualizadas desde 1996 y se establecen reglas claras para identificar y sancionar la piratería y la falsificación a escala comercial.

No obstante, el diputado César Israel Damián (PAN) acusó que esta es la segunda parte de la ley antimemes, con la que buscan convertir los tribunales en oficinas de disculpas a políticos, “basta de utilizar las instituciones para intimidar a quien piensa diferente, basta de disfrazar la censura de justicia”.

Mientras que el diputado de MC, Gibrán Ramírez Reyes criticó que, al usar conceptos tan amplios y ambiguos, la mayoría no quiera cambiar la redacción de la ley para no castigar la sátira y la parodia.

“Uno pensaría que, si actúan de buena fe, así lo harían, lo incluirían, pero esa falta, esa ausencia, deja lugar a que censuren a periodistas, caricaturistas y ciudadanos. Sea quien sea, que esté en el poder, lo dejan en sus manos”, dijo.

En tanto por el PRI, el diputado Christian Castro Bello aseguró que su partido está a favor de combatir el fraude, la falsificación y el uso indebido de documentos oficiales, “pero una cosa es perseguir a quien utiliza fraudulentamente la identidad de una institución para cometer un delito y otra muy distinta es aprobar disposiciones ambiguas que puedan utilizarse para intimidar a quienes critiquen al gobierno, hacen sátira política, publican caricaturas o comparten contenidos en redes sociales”.

En tanto que el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (PAN) advirtió que con este “bodrio”, cualquier “bot o lacayo del narco transformación de cuarta podrá presentar una denuncia de oficio. Bastará una investigación para perseguir a críticos, amedrentar a periodistas, tumbarles sus redes y cortarles el servicio digital. Esto no es derecho penal, es terrorismo de Estado disfrazado de propiedad industrial”.

Estas reformas, derivadas de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, plantean, entre otras cosas, de 1 a 5 años de prisión y multa de mil a diez mil Unidades de Medida y Actualización vigentes al momento en que se cometa el delito, equivalente a más de un millón 173,100 pesos, a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional.

Así como los dominios electrónicos o cualquier documento de carácter oficial, perteneciente a cualquier institución pública de los tres órdenes de gobierno, con el fin de engañar para cometer un ilícito.

La reforma también plantea hasta 10 de prisión y de dos mil a veinte mil días multa, a quien divulgue, publique, comunique o distribuya, sin autorización, obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, con anterioridad a su lanzamiento oficial o primera puesta a disposición autorizada en territorio nacional.

Además de hasta siete años de prisión y de mil a diez mil días multa, a quien a escala comercial y sin autorización suprima o altere cualquier información sobre gestión de derechos.

En la reforma se defiende que estos cambios son necesarios para ajustarse al Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.