Delinquían en cárcel narcos enviados a EU

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el traslado de 26 generadores de violencia a Estados Unidos fue una decisión soberana tomada por el Consejo de Seguridad Nacional, con base en la Ley de Seguridad Nacional y como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

De acuerdo con García Harfuch, estos reclusos de alto perfil, aun privados de su libertad, mantenían operaciones criminales desde prisión, aprovechando visitas —que no podían prohibirse por respeto a sus derechos humanos— para dirigir actividades ilícitas, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación.

Según detalló, la medida también respondió a la necesidad de impedir que desde prisión se continuaran con secuestros, extorsiones, homicidios y otros delitos.

“Muchos de ellos habían conseguido amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad, e incluso se preveía que otros, actualmente en reclusión en centros penitenciarios federales, recibieran resoluciones similares que facilitarían su traslado a penales estatales menos vigilados, incrementando el riesgo de continuar con sus operaciones delictivas o incluso un riesgo de fuga.

“Existían también litigios y recursos legales que buscaban su liberación anticipada, lo que de haberse concretado significaría un retroceso en la lucha contra el crimen y un agravio contra las víctimas”, mencionó el funcionario.

Por su parte, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, puntualizó que las acciones que se tomaron no fueron parte de una extradición, sino que se tomaron con el objetivo de defender a la población y la soberanía.

“La Ley de Seguridad Nacional viene desde el año 2005 y en su artículo quinto establece todas las premisas que son necesarias para actuar como estamos actuando”.