Anticorrupción reporta ahorros por 84,000 millones de pesos y más de 4,000 servidores públicos sancionados

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno aseguró que durante los primeros dos años de la actual administración federal ha generado ahorros preventivos por casi 84,000 millones de pesos, principalmente mediante la revisión de compras, contratos de obra pública y estructuras administrativas, además de sancionar a servidores públicos y empresas por diversas irregularidades.

En la conferencia de prensa mañanera del Ejecutivo federal, la secretaria Raquel Buenrostro explicó que la dependencia mantiene un enfoque prioritario en la prevención de actos de corrupción, bajo la premisa de que intervenir antes de que se concrete una irregularidad permite evitar el uso indebido de recursos públicos y corregir procedimientos.

Del monto que se reportó, 29,000 millones de pesos corresponden a estrategias de compras públicas, mientras que otros 42,000 millones derivaron del seguimiento de contratos de obra pública, particularmente mediante la revisión de costos unitarios y posibles sobrecostos. A ello se suman 7,800 millones de pesos derivados de la reorganización de estructuras gubernamentales y otros 4,800 millones relacionados con el seguimiento de sanciones a servidores públicos y proveedores.

Buenrostro Sánchez destacó como ejemplo una compra de equipamiento médico realizada por el IMSS, en la que la dependencia acompañó el proceso para ampliar la competencia entre proveedores y establecer requerimientos tecnológicos comunes. Según la funcionaria, el procedimiento permitió adquirir equipos con tecnología de vanguardia con un costo 46 por ciento menor.

La secretaria también resaltó modificaciones a las reglas de adquisiciones para facilitar la participación de pequeñas empresas, productores y cooperativas. Como ejemplo, señaló la incorporación de cooperativas cafetaleras de Chiapas, Puebla y Oaxaca a las compras gubernamentales.

Según Buenrostro, actualmente 10 cooperativas de café venden al gobierno, mediante un esquema que involucra a 66 instituciones y que ha permitido incorporar a unas 5,000 familias productoras. También mencionó cinco cooperativas de limpieza integradas por más de 600 personas y procesos de compra dirigidos a pequeñas y medianas empresas del sector textil.

Servidores públicos sancionados

En materia de sanciones, la secretaria informó que durante la administración han sido sancionados 4,193 servidores públicos. De ellos, 3,528 corresponden a faltas no graves y 665 a faltas graves.

Algunas de las conductas detectadas fueron el otorgamiento o autorización de pagos indebidos, sustracción de información bajo resguardo, autorización de pagos por bienes o servicios no entregados, compras innecesarias, ocultamiento de bienes e incrementos patrimoniales, falsificación de documentos y casos de hostigamiento o acoso sexual.

También, 1,737 expedientes de servidores públicos fueron enviados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa por tratarse de faltas graves. De estos, Buenrostro señaló que 87 ya fueron notificados y sancionados, mientras que 1,650 permanecen en proceso.

En el caso de particulares, la dependencia reportó 286 personas morales sancionadas, principalmente por presentar documentación falsa en licitaciones, incumplir contratos, simular experiencia técnica y ocultar conflictos de interés. En estos casos se han impuesto sanciones por 1,473 millones de pesos.

Para materia penal, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno presentó durante estos dos años 517 denuncias contra servidores públicos, de las cuales 53 han derivado en vinculaciones a proceso.

Entre los delitos identificados se encontraron enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude, ejercicio ilícito del servicio público y peculado.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó los resultados presentados por Buenrostro y destacó particularmente la estrategia preventiva.

Explicó que cuando la Secretaría detecta irregularidades desde la etapa de una licitación puede detener el procedimiento, revisar las actuaciones y, en su caso, establecer medidas cautelares contra servidores públicos mientras se determina su responsabilidad.

También adelantó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno trabaja, junto con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Auditoría Superior de la Federación, en propuestas de modificación legal para mejorar la gestión pública y fortalecer los mecanismos para prevenir actos de corrupción.