Los pobladores de las comunidades colindantes al río Sonora, afectados desde hace tres años por la contaminación provocada por un accidente de la mina Buenavista del Cobre, interpusieron un amparo contra el Congreso de Sonora, el Gobierno estatal y el Ayuntamiento de Ures por "por no haber garantizado el derecho de la población a participar de forma directa e informada durante el proceso de creación de la zona económica especial para el Río Sonora".

En la solicitud de amparo, dada a conocer esta mañana en Sonora, se solicita que se declare inconstitucional la zona económica especial, cuya propuesta de creación se presentó en el Congreso local el 8 de diciembre de 2016. Esta zona económica tiene características similares a las zonas económicas federales creadas por el presidente Enrique Peña Nieto para incentivar la actividad productiva por regiones, con exenciones fiscales y otros beneficios del Estado a la iniciativa privada.

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Los pobladores, agrupados en los llamados Comités de Cuenca Río Sonora, exigen que se les tome en cuenta en la elaboración del proyecto de zona económica local y que se garantice que recibirán información "accesible, suficiente y oportuna de las implicaciones que conlleva formar parte de la ZEE-RS, a fin de que, posteriormente, la población evalúe si dará o no su consentimiento para participar en la misma", se informó a través de un comunicado de los Comités.

El CCRS piden a las autoridades estatales y federales que entablen un diálogo abierto con los pobladores de la zona, además de que transparenten todo el proceso de conformación de la ZEE-RS, a fin de que los ciudadanos puedan participar.

El 6 de agosto se cumplirán tres años del accidente en la mina Buenavista del Cobre, que vertió a los afluentes de los ríos Bacanuchi y Sonora por lo menos 40,000 metros cúbicos de metales pesados. De acuerdo el responsable de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (Uveas), a la fecha hay 381 enfermos relacionados con la contaminación de la zona y los pobladores acusan de que las medidas de remediación han sido insuficientes para restaurar las condiciones medioambientales de la región.

Después de que se originó el desastre ecológico, Grupo México, empresa propietaria de la concesión de la mina Buenavista del Cobre, se comprometió con el gobierno federal a crear un fideicomiso de 2,000 millones de pesos para recuperar el medio ambiente.

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Tres años después,el CCRS ganaron un juicio de amparo por la contaminación del agua en dos pozos de la región. En el fallo del juicio se determinó que después de casi tres años del incidente, al menos dos pozos que obtienen agua del Río Sonora, los de Sinoquipe y La Labor, presentaban contaminación por arsénico y manganeso en niveles superiores a los establecidos en las Guías para la calidad del agua potable de la Organización Mundial de la Salud.

Aunado al amparo presentado este miércoles 2 de agosto, el CCRS interpusieron una demanda de amparo contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), la Secretaría de Salud (que opera el Programa de Seguro Popular) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por no haber respondido a diversas solicitudes de información para conocer el estado de salud de los habitantes de río Sonora, y no haber atendido su salud, en primer lugar.

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