La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se enfila a su segundo gran debate -en menos de dos años- sobre el uso de las Fuerzas Armadas (FA) en tareas de seguridad pública.

En 2018, con una conformación diferente a la actual, el pleno del máximo tribunal del país invalidó la Ley de Seguridad Interior (LSI), la cual regulaba las tareas del Ejército en seguridad pública.

Ahora la Corte se pronunciará sobre las cuatro controversias constitucionales promovidas en contra del decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, del 11 de mayo pasado, que avala que las Fuerzas Armadas sigan en el combate al crimen hasta el 2024.

Los recursos han sido interpuestos por el gobierno de Michoacán; el municipio de Colima; por la presidenta de la Cámara de Diputados; y por el municipio de Pabellón de Arteaga (Aguascalientes). La ministra Margarita Ríos está a cargo de los asuntos.

En entrevista, el director de proyectos del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), Armando Rodríguez Luna, consideró que hay la posibilidad de que con la nueva conformación de la Corte se permita el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Y es que tres nuevos ministros se han integrado a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador: Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Farjat.

Sin embargo, dijo, “ha sido firme el Poder Judicial en mantener la idea de que las tareas de seguridad pública tienen que recaer esencialmente en civiles y en instituciones civiles. Yo creo que esos antecedentes van a ser muy importantes para determinar las discusiones que deriven (...) del tema”.

Estimó que en caso de que la Corte validara el decreto presidencial, “esto tendría que tener su correlato, ya con un marco legal desde el Legislativo”.

“El problema es que la Suprema Corte tiene que mantenerse ajena a todas las discusiones políticas y sociales. Hay mucha evidencia de que el uso de las Fuerzas Armadas no sólo no es la solución, sino que genera otros problemas: durante más de 10 años se han utilizado de manera intensiva y no ha resultado en la reducción de los grupos criminales ni de su capacidad económica y operativa”, dijo.

Por su parte, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, opinó que hay un voto de confianza en la Suprema Corte a la luz de las recientes decisiones independientes que ha tomado.

Consideró que en la resolución que tome respecto del decreto presidencial, deberá tener como referente el estudio del 2018 sobre la LSI. Sin embargo, estimó que en caso de que el máximo tribunal llegara a invalidar dicho decreto, “no garantiza que el Presidente nos salga con una cosa más, porque ya ha demostrado un desprecio por la ley cuando no le gusta, y se la salta”.

Ley de Seguridad Interior

El 15 de noviembre del 2018, por mayoría de nueve ministros, la Suprema Corte declaró la invalidez de la LSI, por considerar que la Constitución no habilita al Congreso de la Unión a legislar sobre hechos que pueden afectar la seguridad pública, ya que es competencia exclusiva del gobierno federal y de los gobiernos estatales.

El ministro en retiro, José Ramón Cossío Díaz, dijo en una reciente entrevista con El Economista que la Suprema Corte ha ido modificando a lo largo de 11 años su postura sobre las tareas del Ejército, principalmente.

“En el fondo la Corte poco a poco fue aceptando la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Creo que no hubo un control tan estricto en términos constitucionales, sino que se fue dejando pasar, regulando, aceptándose esta presencia tan extensa (...) fue acumulándose (la postura de) no es tan grave lo que está haciendo el Ejército, está coadyuvando a la seguridad, están haciendo tareas de apoyo a la policía”, dijo entonces Cossío.

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