Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad federal, acusó a activistas, juristas, constitucionalistas, académicos y ciudadanos de tratar de desacreditar el registro de datos biométricos en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).

“Contrario a lo que se ha querido decir para desacreditar esta reforma, no se  va a tener acceso ni a llamadas, ni a mensajes ni el objetivo de estos es la georreferenciación, porque eso ya se puede pedir conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, no tenemos problemas las instancias de seguridad para ubicar de dónde se hizo una llamada, lo que hoy no se sabe quién está detrás de esa llamada y ese el objetivo del registro de usuarios”, afirmó.

El funcionario ofreció una conferencia de prensa, luego de que Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, concedió la primera suspensión a un usuario, que le evita el registro de datos biométricos en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) y la cancelación de su línea telefónica.

Argumentó que dicho registro se realiza en 180 países y que en México se han identificado casos de secuestro en donde se utilizan líneas de prepago. “Simplemente rompen el chip y lo tiran, y luego vuelven a cargar otro y vuelven a hacer otra llamada. Esto complica las tareas de persecución, seguimiento de estos delitos”, dijo. Cuestionó que se critique al Panaut, pero no al servicio de plan tarifario de telefonía celular donde se piden a los usuarios datos personales.

Mejía Berdeja consideró que lo que está detrás de las críticas a la implementación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil es el “negocio” de la venta indiscriminada de líneas telefónicas.

Mencionó que en la reciente liberación de secuestrados en la colonia Chapalita, Jalisco, se detuvieron a los presuntos responsables a quienes se les decomisaron tarjetas SIM que utilizaban para comunicarse entre ellos.

Fustigó contra el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz, quien resaltó la gravedad de que haya datos biométricos en poder de particulares. El subsecretario dijo que tal vez el ministro no haya utilizado servicios bancarios o de tiendas departamentales que requieren dichos datos.

“Lo que está en debate hoy en día es un modelo de seguridad contra un modelo de ventas. ¿Por qué esta reacción de algunas personas vinculadas a estas empresas de telefonía? Porque altera el modelo de ventas. No es lo mismo vender tarjetas SIM como barajitas, sin ningún control, sin ningún registro, a tener ahora con los sistemas de renta fija mensual que levantan los datos; esto altera el modelo de ventas, porque evidentemente va a tener una mayor responsabilidad”, sostuvo.

jorge.monroy@eleconomista.mx