Si bien la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) cumplió con la fecha límite del 18 de junio del 2016, son necesarias mejoras y muchos años más para consolidarlo, concluye el proyecto Justice in Mexico, a través de su más reciente reporte.

En el documento Justiciabarómetro 2016. Perspectivas del sistema de justicia penal en México , este programa alojado en la Universidad de San Diego, con sede en California, Estados Unidos recoge que aún existen muchos retos técnicos que deben ser abordados para asegurar el buen funcionamiento del sistema.

Justice in México llevó a cabo por segunda ocasión el estudio Justiciabarómetro de operadores del sistema de justicia penal en 11 estados del país. Aplicó cuestionarios a 288 jueces, 279 agentes del Ministerio Público y 127 a defensores públicos. El estudio tuvo una tasa de respuesta de 56% y un margen de error de 2.4%, con un nivel de confianza de 95 por ciento.

Los resultados arrojan que 52% de los operadores considera que el sistema de justicia tradicional era eficaz y eficiente, un porcentaje consistente con el estudio pasado hecho en el 2010, donde era 51 por ciento.

Sin embargo, 89% de los encuestados consideró que el sistema de justicia penal necesitaba ser modificado y que la reforma ha mostrado resultados positivos en su entidad.

Además, 90% de los encuestados opina que el NSJP genera más confianza en las autoridades y 93% alega que permitirá incrementar la celeridad de los procesos, constituyendo incrementos de hasta 10 puntos comparado con el 2010. Asimismo, 80% de los operadores coincide en que ayudará a reducir la corrupción.

La gran mayoría de operadores 86% de los jueces, 93% de los agentes del Ministerio Público y 90% de los defensores públicos se consideran preparados para operar el sistema penal acusatorio.

Sin embargo, 19% de los jueces, 24% de los agentes del Ministerio Público y 13% de los defensores públicos reportaron no haber tomado algún curso que trate el tema de litigación oral, y 20% de jueces, 29% de agentes del Ministerio Público y 26% de defensores tampoco han tomado un curso sobre soluciones alternativas.

El informe, realizado por los investigadores Nancy G. Cortés, Octavio Rodríguez Ferreira y David A. Shirk, revela que una gran parte de operadores del sector judicial en la mayoría de los estados considera que los defensores públicos no cuentan con los recursos y el apoyo de investigación necesarios para hacer su trabajo.

Ante ello, recomiendan, los gobiernos a nivel federal y estatal pueden ayudar a promover la profesionalización de todo el sector judicial mediante la canalización de recursos a los colegios de abogados para revisar sus planes de estudio y crear programas especiales con el fin de que los profesionales jurídicos adquieran la formación y la educación necesarias para operar dentro del sistema oral adversarial.

Los expertos advierten, también, la probable existencia de problemas persistentes del viejo sistema, tal como el uso, por parte de algunos agentes del Ministerio Público, de negociaciones de sentencias para vender penas reducidas a cambio de sobornos.

Estudios como éste ilustran la necesidad de información y análisis que sólo es posible a través de un constante monitoreo y evaluación de los cambios en el sector judicial , sugieren.

ana.langner@eleconomista.mx