La falta de coordinación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Atención a Víctimas es el principal obstáculo para el pleno funcionamiento del órgano encargado de ejecutar medidas de reparación, por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió a México a otorgar un poder vinculante a la  Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) sobre otras instituciones responsables de atender a víctimas de violaciones de derechos humanos.

“Sin responsabilidad institucional, no va a haber articulación, y la idea de un sistema nacional de víctimas es para que haya una vinculación de todas las instancias responsables”, expresó la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño como parte del análisis del Funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas en México.

Asimismo, Flávia Piovesan, también comisionada de la CIDH, expuso que una de las recomendaciones del organismo internacional es analizar líneas de acción para mejorar el desarrollo de los procesos del sistema de atención, además de que las víctimas tienen que ser actores protagónicos, “dejar de verse como beneficiarios, para poder plantear la realidad de un plan de acción y las líneas de trabajo que se deben desarrollar”.

Durante las audiencias del 174 Periodo de Sesiones de la CIDH, organizaciones sociales presentes en Quito, Ecuador, denunciaron algunas de las  deficiencias a las que se enfrentan las víctimas que buscan algún tipo de reparación del daño en nuestro país.

Entre ellas está la opacidad en los procesos y resoluciones llevados a cabo por diversas instituciones de gobierno, principalmente por la CEAV, al advertir que la ausencia de un reglamento como parte de la Ley General de Víctimas ha propiciado discrecionalidad y opacidad en el otorgamiento de apoyos para los afectados, además de generar procesos lentos.

Mientras, la ausencia de un titular en la CEAV no ha permitido estudiar a fondo las deficiencias estructurales de la comisión.

Jérémy Renaux, integrante de Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C. (IDHEAS), una de las organizaciones litigantes ante la CIDH, aseveró que hasta septiembre pasado se reportaban 30,539 víctimas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi), “un número muy bajo en un país con más de 350,000 víctimas de homicidios dolosos en los últimos 13 años y más de 40,000 desaparecidos. Las víctimas se multiplican, los apoyos no”.

Además, enfatizó que 15 entidades aún no cuentan con un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, como en Ciudad de México, mientras que otras entidades cuentan con un fondo estatal, “pero sumamente limitado, lo que hace inoperantes a las comisiones”,

Las organizaciones también advirtieron que el proceso de armonización de la ley de víctimas a nivel local ha sido lento y opaco, sin consulta y participación de las víctimas y organizaciones civiles.

Por su parte, una comisión de representantes del gobierno mexicano reconoció la grave situación de las víctimas de violaciones de derechos humanos en nuestro país, al igual que los retos que enfrenta el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, y lo que representa la implementación de la ley secundaria.

Por ello, anunció que en los últimos cinco meses se han llevado a cabo nueve auditorías no sólo para los recursos otorgados al sistema, sino también a los procesos de atención y reparación, y al desempeño de los funcionarios.

Se agregó que, en el caso de la designación del nuevo titular de la CEAV, ya hay una terna en el Senado de la República, mientras que plantean una revisión integral del funcionamiento, recursos y normativa en relación con la atención de las víctimas.

También aseveraron que se reinstalará el sistema de atención a víctimas para asumir una política de atención y que se realiza un estudio para identificar casos que agudizan hechos victimizantes.

Las organizaciones agregaron que la falta de presencia de las instituciones en la atención a víctimas ha dejado a la CEAV sola en las tareas, sin saber cuáles son las responsabilidades que tiene con las víctimas. Por ello, exigieron al gobierno crear una unidad de análisis de atención y riesgos, y que el presidente cumpla sus obligaciones de convocar cada seis meses a integrantes del sistema.

Asimismo, que le sean otorgados recursos suficientes para personal y actividades operativas, como en el caso del Sistema Nacional de Búsqueda, y crear un programa administrativo de reparaciones al daño, emergente al sistema, además de generar áreas de responsabilidades administrativas que logren sancionar a los funcionarios que no cumplan con la correcta aplicación de la ley de víctimas.

Cabe señalar que la CEAV es la instancia encargada de definir y aplicar políticas públicas de apoyo a las víctimas y deberá crear comisiones ejecutivas de atención a víctimas estatales que forman parte de la Ley General de Víctimas.

“El Sistema Nacional de Atención a Víctimas está constituido por todas las instituciones y entidades públicas federales, estatales y municipales, organismos autónomos y demás organizaciones públicas o privadas encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención y defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas”, refiere la ley.

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