Desde el pasado miércoles, elementos de la Policía Federal (PF) mantienen tomadas las instalaciones del Centro de Mando en Iztapalapa, sin embargo, esperan que este lunes se reanuden las mesas de diálogo con autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para dar respuesta a sus inconformidades ante su integración a la Guardia Nacional.

Luego de que policías federales solicitaran su indemnización, ya que no están de acuerdo en unirse al nuevo mando militar o ser transferidos a otras corporaciones, ya que aseguran perderán sus prestaciones y antigüedad, la SSPC insistió en que tendrán la opción de incorporarse, por ejemplo, al Servicio de Protección Federal (SPF).

A través de un comunicado, el comisionado del Servicio de Protección Federal, José Pedro Vizuet Bocanegra, anunció que se mantendrá el diálogo con los policías para informar sobre los servicios y programas de profesionalización en la corporación.

El SPF es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad federal que tiene a su cargo la prestación de servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Acciones de inconstitucionalidad

El pasado 6 de julio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuatro acciones de inconstitucionalidad por las leyes de la Guardia Nacional; sobre el Uso de la Fuerza, el Registro de Detenciones, y del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Entre los puntos impugnados por la CNDH se encuentran la facultad para detener a particulares, solicitarles información, intervenir sus comunicaciones y localizar su posición geográfica, sin que exista denuncia alguna, ya que —argumenta la comisión— afecta la privacidad, y sin un fundamento legal para ello.

Igualmente, impugna la inspección y vigilancia de la entrada y salida de personas en el país, así como la verificación de extranjeros que residen en el territorio y si cumplen con las obligaciones que establece la Ley de Migración, al considerar que transgreden los derechos de libertad de tránsito y seguridad personal.

De acuerdo con el órgano autónomo, las acciones de inconstitucionalidad se encuadran en un contexto de colaboración institucional para que la actuación de la Guardia Nacional sea compatible con el parámetro de regularidad constitucional en materia de derechos humanos.

“La CNDH pretende que las normas que facultan a las autoridades para hacer uso de la fuerza pública y a realizar detenciones de personas encaucen el ámbito de esa actuación para que, el gobernado conozca cuál será la consecuencia jurídica y que el actuar de autoridad se encuentre limitado y tenga certeza en dicha actuación”.

Pero la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana difirieron de la Comisión de DH.

“Contrario a lo planteado por la CNDH, consideramos que no existió omisión legislativa por parte del Congreso (...) La formulación de las leyes materia de la controversia tienen un estricto apego a la Constitución y a diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos”, defendió la dependencia federal en un comunicado.

La Secretaría de Seguridad federal argumentó que las leyes de la Guardia Nacional contemplan parámetros claros respecto de los niveles de la fuerza que los agentes de seguridad pueden utilizar y la forma en que deben de realizar los registros de detenciones.

“Respaldaremos con argumentos ante la SCJN, la validez de todos y cada uno de los artículos que conforman estos cuerpos normativos en los tiempos y formas que establece la ley”, se expuso.