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Simulación en temas de transparencia y cohecho: CIDAC
De acuerdo con este centro de análisis, las reformas podrían estar generando un entusiasmo que terminará topándose con una realidad muy alejada del triunfalismo inicial.

La revisión de la minuta de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información (LGTAI) en San Lázaro y la discusión en el Senado acerca de las reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción son dos de los temas urgentes y prometedores a aprobarse antes del fin del último periodo ordinario de sesiones de la LXII Legislatura; sin embargo, para el Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC) es necesario mesurar el optimismo de estas medidas y examinar a detalle el contenido de las mismas, pues tal y como se presentan son sólo un nuevo acto de simulación.
En un análisis, este instituto recuerda una dinámica similar sucedida en el 2012, cuando las herramientas de democracia directa fueron legisladas en la reforma político electoral. En ese momento, tal como hoy la sociedad civil se congratuló de ver plasmadas en la Constitución figuras como la consulta popular, la iniciativa ciudadana, y las candidaturas independientes. Sin embargo, a la hora de ponerlas en práctica, el desconocimiento de su existencia, la impericia en su operación y los candados dentro de su diseño legislativo terminaron por hacerlas inútiles.
Este centro de análisis destaca que en materia de transparencia y anticorrupción la tentación a establecer candados es aun mayor, sobre todo porque están vinculadas con los recursos, factor que más le pesa a la clase política.
La idea de la élite político-partidista, explica la institución, sin importar el color de pertenencia, es evitar dañar en lo esencial el statu quo, es decir, no comprometer el acceso al dinero público y, de ser posible, hacerlo de la forma más discrecional posible.
En la minuta de la LGTAI, en su artículo octavo transitorio, se establece que no habrá carácter retroactivo para los sujetos obligados. Ello, explica el think tank, significa que la información de entidades como partidos políticos, sindicatos y fideicomisos tendrían un borrón y cuenta nueva a partir de la eventual promulgación de la ley.
A su vez, el Congreso se ha autoinvestido con un periodo de gracia para armonizar sus reglamentos y hacer efectivos los postulados de la reforma. El centro observa que, históricamente, los recursos del Poder Legislativo han gozado de una gigantesca opacidad.
Asimismo, el llamado Sistema Nacional Anticorrupción tendrá más controles partidistas que constitucionales. Así, los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, concebido como autónomo, serán ratificados por el Senado como propuestas del presidente de la República, mientras que los titulares de los órganos internos de control de los organismos autónomos del Estado serán nombrados desde la Cámara de Diputados.
Es así que de prosperar, tal y como se presentan las minutas de transparencia y anticorrupción, los legisladores no habrán consumado únicamente un nuevo acto de simulación, sino que perderán otra oportunidad de reivindicar el muy dañado prestigio y credibilidad de la clase política ante los ciudadanos, concluye el trabajo del CIDAC.