A nivel nacional, sólo dos entidades permiten a las mujeres interrumpir su embarazo de manera legal, sin importar la causa: Oaxaca y la Ciudad de México. Mientras que el resto del país cuenta con legislaciones que lo permiten bajo ciertas circunstancias.

En todo el territorio nacional se contempla la violación como una causante legal para interrumpir el embarazo. De igual modo, en 30 entidades el aborto no es sancionable cuando sea imprudencial o culposo y en 24 es legal cuando existe peligro de muerte para la mujer.

Además, en 16 entidades se permite que el embarazo sea interrumpido cuando implique daños a la salud o por alteraciones genéticas graves en el producto; en 15, por una inseminación artificial no consentida.

Y sólo en dos, Michoacán y Yucatán, lo permiten por causas económicas.

Mientras que entidades como Chiapas, Sinaloa, Sonora, Durango, Nuevo León, Aguascalientes, Campeche y Tabasco manejan sólo tres causales para permitir el aborto.

Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres consideran que un cambio en la legislación y en la política pública puede modificar la manera en que es percibido el aborto, al tomar como ejemplo su despenalización en CDMX, donde desde abril del 2007 y hasta abril del 2018, el programa Interrupción Legal del Embarazo (ILE) proporcionó servicios de aborto a 209,353 mujeres, sin una sola muerte relacionada con este proceso, según cifras del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

Con ello, la percepción de la ciudadanía sobre el tema ha cambiado. Por ejemplo, mientras que en marzo del 2007 (un mes antes de los primeros esfuerzos en la despenalización legal en México), 65.8% de las personas en el país consideraba que el aborto debía ser un delito; para diciembre del 2009 este número se redujo a 45.7%; mientras que la Encuesta Nacional 2017, realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica, indicó que en la CDMX 69% de las personas estaba de acuerdo con el aborto legal hasta las 12 semanas de gestación, mientras que 28% opinaba lo contrario.

Entre el 2010 y el 2014 hubo en el mundo un promedio anual de 56 millones de abortos provocados (en condiciones de seguridad o sin ellas) y actualmente, el aborto es legal en, al menos, 49 países del mundo.

En tanto, también a nivel mundial, entre 4.7 y 13.2% de la mortalidad materna anual puede atribuirse a un aborto inseguro; además, medidas como la educación sexual, el acceso a métodos anticonceptivos eficaces y a servicios de aborto legales y seguros, y la atención oportuna de cualquier emergencia que pudiera derivar de un aborto ayudaría a reducir este porcentaje significativamente.

Se calcula que, en las regiones desarrolladas, por cada 100,000 abortos inseguros se producen 30 defunciones; sin embargo, ese número aumenta a 220 defunciones por cada 100,000 abortos inseguros en las regiones en desarrollo.

Por lo que, tanto en México como en el mundo, las mujeres en condiciones de mayor marginalidad tienen más probabilidades de someterse a un aborto inseguro que aquellas con más recursos económicos, que pueden pagar abortos seguros incluso en contextos legalmente restrictivos.

El debate por la despenalización del aborto en México no es nuevo. Comenzó en 1936, después de la expedición del Código Penal en 1931, sin embargo, a casi 90 años de iniciadas las exigencias feministas, el avance en materia legal es muy limitado, señala el GIRE.

La legislación sobre el aborto en México se traduce en una situación de discriminación jurídica, porque las mujeres tienen más o menos derecho de acceder a un aborto bajo un marco legal, dependiendo de su lugar de residencia. Esto trae consigo confusiones entre el personal de salud que, lejos de prestar asistencia médica inmediata a toda mujer que sufra complicaciones relacionadas con un aborto, es el primero en denunciarlas.

El número de averiguaciones previas por el delito de aborto en México se ha mantenido constante desde el 2015, cuando se registraron 512 casos; mientras que en el 2016 se presentaron 538; 502 en el 2017; y 569 en el 2018.

De acuerdo con datos obtenidos por el GIRE vía solicitudes de acceso a la información, durante el periodo de enero del 2007 a diciembre del 2016, 4,246 personas fueron denunciadas por aborto.

Hidalgo, donde recientemente fue rechazada la reforma para despenalizar el aborto, se encuentra entre los cinco estados de la República Mexicana en los que se presentaron más denuncias, con 207. En los primeros sitios está Ciudad de México (894), Baja California (466), Veracruz (416) y Nuevo León (339). Además, forma parte de los cinco estados en los que hubo más sentencias por este delito (12 mujeres/3 hombres), junto con Estado de México (38), Veracruz (18 mujeres/20 hombres), Tamaulipas (14 mujeres/5 hombres) y Sonora (11 mujeres/7 hombres).

Finalmente, las organizaciones advierten que el acceso al aborto es un tema de salud pública que en México se ha traducido en una situación de discriminación jurídica, según el lugar de residencia y mientras se prohíba el acceso a este servicio, las mujeres seguirán realizándolo, aunque sea de forma insegura e insalubre.

“Es urgente que el Estado mexicano se pronuncie a favor de la autonomía de las mujeres mediante la despenalización del aborto y que intensifique medidas para prevenir el embarazo adolescente, la violencia sexual y resolver la falta de acceso a anticonceptivos”, puntualizó.

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