El Senado aprobó por mayoría, la reforma a la Ley General de Salud, que contempla la objeción de conciencia, lo que permite a médicos y enfermeras que puedan negarse a ofrecer algunos servicios médicos, como el aborto o la eutanasia, si lo consideran éticamente incorrecto.

Con el voto de 53 senadores a favor, 15 en contra y una abstención, se ratificó la minuta aprobada en la Cámara de Diputados en octubre pasado.

El debate en la Cámara Alta se dividió entre quienes acusaron que tras el dictamen se escondía minimizar el derecho al aborto que es legal en la Ciudad de México y quienes excusaron el derecho del personal médico a negarse a realizar procedimientos que van contra sus creencias y valores.

En contra del dictamen se alzaron los legisladores Alejandro Encinas, Fernando Enrique Mayans, Angélica de la Peña, Martha Angélica Tagle y Zoé Robledo, quienes acusaron que el fondo de la modificación a la Ley General de Salud tiene por intención poner trabas al aborto, que sólo es legal en la Ciudad de México.

Salió en defensa del acuerdo el presidente de la Comisión de Salud, Francisco López Brito quien refirió que "de ninguna manera se pretende coartar ningún derecho en materia de salud reproductiva que se haya adquirido”, sino garantizar el que el personal médico del Sistema Nacional de Salud pueda decidir si participa o no en ciertos procedimientos.

En ese sentido también se pronunciaron los panistas Jorge Luis Preciado y Víctor Hermosillo, este último argumentó que permitir al personal médico excusarse de prestar un servicio con el que no está de acuerdo es algo similar al "hecho de no ir a la guerra porque no quiere asesinar a otro ser humano, también se debe aceptar que un médico no admita asesinar a un neonato".

La senadora Angélica de la Peña denunció que era grave sacar en fast track esta ley, y adelantó que es materia para una acción de inconstitucionalidad, por afectar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

"Es un retroceso tratar de imponer ideologías al derecho de cada mujer sobre su persona ", acusó en la tribuna.

El ahora decreto de ley anticipa que la objeción de conciencia aplica a menos que esté en riesgo la vida de los pacientes. Además, el Sistema Nacional de Salud debe contar con "personal no objetor"; es decir, que no puedan negarse a brindar un servicio médico.

En el pleno, el senador Encinas también acusó que hubo una falta al proceso legislativo, e hizo un llamado a los colectivos en pro de los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo para que, como sujetos de interés, lleven esta norma a la Corte. 

Mientras tanto, el dictamen ya aprobado por las dos cámaras fue turnado al presidente Enrique Peña Nieto.