El pleno de la Cámara de Diputados culminó el trámite de aprobación en el Congreso de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Por 397 votos en favor de todos los partidos, el pleno de la Cámara aprobó el dictamen de esa ley, y el documento fue turnado al Ejecutivo federal para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación.

Al grito de ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!, integrantes de organizaciones sociales se hicieron presentes en el pleno de la Cámara Baja para celebrar la aprobación de la ley que sancionará penalmente a funcionarios y particulares que se coludan para la desaparición de una persona.

La activista Michelle Quevedo dijo que la aprobación de esa ley es esfuerzo de tres años de discusión en el Congreso, que fue acompañada por integrantes de 60 organizaciones sociales de búsqueda de personas.

“De implementarse de manera efectiva, será una importante herramienta para enfrentar la grave crisis de desapariciones en México”, dijo Quevedo, quien añadió que las organizaciones estarán pendientes de que se asigne un presupuesto especial para la aplicación de la norma.

En la tribuna del recinto legislativo de San Lázaro, la diputada Kathia Bolio Pinelo (PAN) celebró la aprobación de esta norma, pues reveló una experiencia propia en este tema.

“Carlos Castillo Bolio, 33 años, 14 de agosto del 2012. Iba a cumplir con su encomienda en su trabajo, y al pasar por un retén de la policía del estado (en Yucatán), nadie lo volvió a ver, nadie volvió a saber de él. Fue detenido y privado de su libertad. Logró mandar dos mensajes a su familia para avisar que estaba en manos de la policía y después ni un mensaje más”, comentó.

La ley aprobada establece que cometerá el delito de desaparición forzada el servidor público o particular que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención.

De acuerdo al artículo 30 de la ley, a quien cometa este delito se le impondrá una pena de 40 a 60 años de prisión.

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 33 de la ley, si la víctima fuere liberada dentro de los 10 días siguientes a su desaparición la pena se podrá reducir hasta en una mitad.

Las penas podrán ser disminuidas hasta una tercera parte en beneficio de aquel que hubiere participado en la comisión del delito, cuando suministre información que permita dar con la persona con vida; hasta en una cuarta parte cuando contribuya con el paradero de los restos de la víctima y una quinta cuando ayude a esclarecer los hechos.

El diputado Armando Luna (PRI) afirmó que la aprobación de esta ley “es la ruta para llegar a un país sin desaparecidos. Castigo para los responsables, justicia y verdad para las víctimas, garantizar la no repetición de este terrible delito”.

Por su parte, el diputado Erick Juárez (PRD) consideró que esta ley será “un mensaje de esperanza para esos cientos y miles de víctimas en todo nuestro país, porque con esta ley estamos acercando a las víctimas a la verdad, a la reparación y a la justicia”.

El diputado Juan Romero (Morena) dijo que su bancada está en favor de la norma, aunque previó que no será aplicable.

“No es una ley que haga justicia, es una ley que va a atender un problema añejo y es una ley que tiene problemas en su aplicación”, comentó.

La ONU respalda el proyecto

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos saludó la aprobación del proyecto.

“La ley contiene avances fundamentales que retoman los estándares internacionales y varias recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos” indicó Jan Jarab, Representante en México de la ONU-DH.

Explicó que establece reglas para el combate a la impunidad y crea el Sistema Nacional de Búsqueda.

EL DATO

El Juzgado Segundo Penal con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, dictó auto de formal prisión contra el exgobernador priista de esa entidad, Eugenio Hernández Flores, por los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, al considerar que existen suficientes evidencias de su presunta responsabilidad en la adjudicación de 1,600 hectáreas cuando era gobernador entre el 2005 y el 2010.

Su defensa rechazó las acusaciones y anunció que imputará la resolución.

Claves de la norma

  • Se crean el Sistema Nacional de Búsqueda de personas, la Comisión Nacional de Búsqueda, un Consejo Ciudadano y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
  • A la desaparición forzada cometida por particulares y/o funcionarios se le impondrán penas de 40 a 60 años de prisión y de 10,000 a 20,000 días multa.
  • El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas tendrá el objetivo de diseñar y evaluar de manera eficiente y armónica los recursos del Estado mexicano para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.
  • El Sistema estará integrado por los titulares de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien presidirá, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República (PGR), y el de la Comisión Nacional de Búsqueda, cuyo titular será nombrado y removido por el presidente. Su elección será a propuesta del titular de la Segob.
  • La PGR, las procuradurías y fiscalías estatales deberán crear una fiscalía especializada, a fin de tener autoridades especializadas en la materia.
  • Se crea un Consejo Ciudadano, como órgano de consulta del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cuyo objetivo es involucrar a familiares de las víctimas y sociedad civil. Dicho consejo deberá recibir recursos de la Secretaría de Gobernación.