El Poder Judicial de la Federación (PJF) detectó que contaba con al menos 13 inmuebles arrendados que no eran utilizados y que al devolverlos generó ahorros por 11.3 millones de pesos mensuales por concepto de renta y pago de cuotas de mantenimiento.

Mientras tanto, el porcentaje de bienes no localizados del inventario físico del PJF pasó de 20% en diciembre del 2018 a 8.3% en noviembre de este año; además de llevar a cabo reubicaciones de órganos jurisdiccionales e identificar espacios en edificios propios en siete ciudades, para la primera etapa de la reforma laboral, con lo que se evitará el arrendamiento de inmuebles por un estimado anual de 11.7 millones de pesos.

Estas y otras medidas generaron ahorros por 2,600 millones de pesos, según reportó el PJF en el primer informe de actividades del ministro presidente Arturo Zaldívar.

El PJF aseveró que a lo largo del 2019 logró revisar y ajustar la estructura de diversas áreas operativas, administrativas y técnicas de los órganos del Poder Judicial de la Federación, lo que provocó compactaciones, transformaciones y reducción del personal que no realiza funciones sustantivas para lograr que la administración sea más eficiente, racional y responda mejor a las necesidades institucionales.

Estos cambios no sólo implican la reducción de áreas o plazas, sino también su actualización y reorientación hacia las prioridades institucionales enfocadas al fortalecimiento de fiscalización, entre otras, y sin generar impacto presupuestal.

Asimismo, con la automatización de trámites y servicios para múltiples procesos administrativos (declaraciones patrimoniales, emisión de constancias, solicitudes de servicios, etcétera) el Poder Judicial buscó ahorrar tiempo, papel y materiales de impresión.

Se cambió el modelo de compra de bienes de impresión a servicios administrados de impresión, digitalización y copiado, el cual incluye equipos, tóner y papel. Por lo que, durante la vigencia del contrato, el PJF estimó ahorros de 15%, lo que representaría 720 millones de pesos en 48 meses, comparado con el esquema anterior.

Por otro lado, dijo privilegiar las contrataciones de bienes y servicios a través de licitaciones públicas, que representa alrededor de 70% del monto total contratado, mientras que en el 2018 fue de aproximadamente 30%, y se evitaron erogaciones por un estimado anual de 81.5 millones de pesos por arrendamientos al instalar 34 órganos jurisdiccionales a nivel nacional, derivado de la optimización de espacios.

También, fue cancelada la impresión de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y desarrolló la versión web, lo que generó ahorros por 3.9 millones en recursos relacionados con la contratación de trabajos de imprenta y en los concernientes a la distribución de obras.

Asimismo, la Dirección General de la Tesorería determinó ahorros por 18.1 millones de pesos derivados de la cancelación de diversos programas en materia de capacitación y servicios de información financiera, así como de los ahorros obtenidos en otros rubros.

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