A pesar de que ya se dio a conocer un anteproyecto para expedir la ley para la regulación del cannabis, no se ve una coincidencia entre la agenda del Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal para legislar en la materia, además de que sigue sin priorizarse a los campesinos y pequeños productores, coincidieron especialistas. Entrevistada por El Economista, la presidenta de la Asociación Mexicana de la Industria Regenerativa de la Cannabis, Lorena Beltrán, aseguró que el Senado de la República avanza en cumplir con el ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero enfatizó que hay leyes congeladas por falta de coordinación con el presidente de la República.

“El Senado trabaja con ese anteproyecto y anuncia que se va a votar, pero escuchas al presidente en sus conferencias decir que se tocará el tema, pero más adelante, ¿cuántas leyes no se han quedado en el congelador por una falta de firma del Poder Ejecutivo?” cuestionó Beltrán.

Agregó que aún hay áreas de oportunidad en lo que proponen las y los legisladores en el anteproyecto difundido el fin de semana, debido a que, por ejemplo, no se contempla un porcentaje de cannabis que debe adquirir una empresa privada de los campesinos o un pequeño cultivador.

Explicó que en Colombia se establece que 10% de las adquisiciones de cannabis de las empresas deben provenir de pequeños productores; sin embargo, destacó que no ha funcionado, ya que es una cifra muy pequeña y las empresas no ayudan a mejorar las técnicas de cultivo para los pequeños productores.

El anteproyecto elaborado por las comisiones de Justicia y Salud de la Cámara Alta plantea incrementar la cantidad de portación de uso personal de 5 a 28 gramos de mariguana, al considerarlo un tratamiento menos rígido y una cantidad prudente de portación individual.

De exceder la cantidad, se impondría una multa de 60 a 120 veces la Unidad de Medida y Actualización, y si su posesión es superior a los 200 gramos tendría una sanción de tres a seis años de prisión.

También se crearía el Instituto Mexicano del Cannabis, como encargado de otorgar permisos y licencias para su producción, así como mecanismos de prevención vinculados al consumo del cannabis psicoactivo.

Asimismo, el documento explica que la nueva ley busca el empoderamiento de grupos de campesinos, agricultores y comunidades en las actividades relativas a la siembra, así como de grupos vulnerables.

El exsenador Armando Ríos Piter —que en su momento obtuvo un amparo de la Corte para consumo recreativo de mariguana— opinó que el Congreso debe plantear claramente el proceso de creación del nuevo instituto, por lo que se debe formular un reglamento y evitar un hueco en la creación institucional.

Se manifestó a favor de que sea la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Secretaría de Salud quienes se encarguen de la regulación de la cannabis.

“Que no se vuelva a una legislación rígida, sino que sea una legislación que contemple de manera integral todos los segmentos, desde la producción hasta el consumo y que sea flexible en el desarrollo y construcción del mercado”, agregó.

Por su parte, Pablo Girault, consejero de México Unido contra la Delincuencia, expresó que el proceso para legislar en la materia ha sido lento, luego de que de manera única y extraordinaria la Suprema Corte otorgara una prórroga al Poder Legislativo para expedir la ley a más tardar el próximo 30 de abril.

“Parece que ahora sí está dentro de sus intenciones del Congreso legislar sobre su regulación y si pasa la iniciativa como está, sí resolvería varios problemas, porque es un mercado nuevo y complicado”, dijo Girault.

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