La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 20 años a Francisco Javier Mendieta Jiménez, exdirector de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), además de imponer una multa de 3.8 millones de pesos por haber suscrito y pagado indebidamente dos veces la contratación de la sede del congreso Internacional de Astronáutica en 2016, lo que causó un daño al erario superior a los 26.5 millones de pesos.

Asimismo, la Secretaría de la Función Pública sancionó a dos excoordinadores generales y a un exdirector de área.

Se detalló que las sanciones fueron el pagó de dos veces, de forma indebida, por la sede en la que se realizó el Congreso Internacional de Astronáutica 2016, causando un daño al erario por más de 11 millones de pesos, además, de sancionar también la contratación irregular del servicio de audio y video del mismo evento por más de 15 millones de pesos.

La Secretaría de la Función Pública señaló que “tras un exhaustivo procedimiento de responsabilidades, en el que en todo momento se respetó el derecho de defensa de los involucrados, el Órgano Interno de Control (OIC) en la AEM determinó imponer la sanción de inhabilitación por 20 años a un ex director general, además de multa resarcitoria por 3 millones 807,782 pesos”.

Asimismo, “al excoordinador general de Financiamiento y Gestión de la Información en Materia Espacial y al exdirector de Financiamiento se les impuso una multa de 3 millones 807,782 pesos a cada uno, mientras que al excoordinador de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Espacial se le aplicó una multa por 15 millones 113,271 pesos. A estos tres exfuncionarios se les inhabilitó también por 20 años para desempeñar cargos, empleos o comisiones en el servicio público”, aseveró la dependencia.

En tanto, se indicó que, de acuerdo con una auditoría realizada por el OIC en la AEM, durante la organización del Congreso Internacional de Astronáutica 2016 en Guadalajara, Jalisco, la agencia, creada en 2011, pagó dos veces por la contratación de la sede en la que se realizó el evento.

A raíz de las acciones de la Función Pública a través del OIC, el organismo inició un juicio en contra de la empresa con la que firmó el primer contrato para exigir la reintegración del pago realizado.

Por otra parte, en el procedimiento sancionatorio también se determinó que en el contrato para la prestación del servicio de audio y video para el evento se incumplió con la normatividad, lo que también ocasionó un daño al erario por 15 millones 113,271 pesos.

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