La pandemia de Covid-19, ha favorecido al surgimiento de nuevos espacios de acción para que la corrupción se fomente en el país, ante el relajamiento de los mecanismos de control, la supervisión y la rendición de cuentas por parte de los órganos de gobierno, subrayó Adrián Alcalá Méndez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Al participar en la mesa de análisis: “Avances en las metas de buena gobernanza del ODS 16 durante y después de la pandemia: acceso a la Información y esfuerzos contra la corrupción”, con motivo de la Semana Conmemorativa del Día Internacional contra la Corrupción 2021 (que se conmemora el 9 de diciembre), el comisionado del Inai también destacó que pese a que México cuenta con un sistema bastante desarrollado de órganos de control, actualmente se mantienen una brecha con relación a la obligaciones de transparencia de los sujetos obligados.

Por lo que, dijo, es de suma importancia contar con información completa y veraz sobre las labores y estrategias de las instituciones públicas a nivel general, además de que resulta indispensable la implementación de una estrategia común y más en tiempo de pandemia.

“La corrupción cuando se manifiesta por medio de las violaciones a las normas o la distracción de la ley, los fraudes, los abusos a la autoridad, las contratación de personas que no son aptas para el puesto, los conflicto de interés y en general cualquiera que implique un desvío de recursos, no solamente atenta contra una adecuada gestión gubernamental y la efectividad de las políticas públicas, sino que también representa un gran dique u obstáculo para el desarrollo sostenible lo que afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables”, dijo. 

Asimismo, Alcalá Méndez explicó que, en lo relacionado con el cumplimiento de las obligaciones de ley, por parte de los órganos de control y más en específico en materia de transparencia activa, éstos han cumplido de manera homogénea, con un 75% de los sujetos obligados publicando información que va desde la estructura orgánica, el número de plazas vacantes y el marco normativo.

Sin embargo, destacó que existen otros rubros que no se publican con el mismo nivel de cumplimiento, como son los gastos de representación, remuneraciones y viáticos en donde sólo 68% de los sujetos pública esta información. 

Al tiempo que, dijo, hay un gran reto por parte de las dependencias en cuanto a la calidad y la prontitud de la información que otorgan a la ciudadanía, ya que mientras los sujetos obligados responden las solicitudes en un 86%, existe una tendencia sobre que los contenidos, algunas veces no corresponden o son incongruentes en sus respuestas o resulta poco clara.

Por lo que se deben romper esas brechas para dar cumplimiento a que la información se presente de una manera sencilla e inclusiva”, dijo.

Finalmente, el comisionado del Inai enfatizó que se observa una permanencia de un importante reto en materia de transparencia y acceso a la información y de gobierno abierto para los poderes judiciales, ya que, según el Ranking de opacidad judicial en México, sólo 1 de los 32 poderes judiciales publica todas las resoluciones.

Con otras 18 entidades que no reconocen su obligación de publicar información, sólo siete reportan la existencia de mecanismo de participación ciudadana, ninguno de los poderes contaba con una política de transparencia proactiva y solamente el 65% de estos asigna presupuesto para la generación y publicación de información judicial. 

Por lo que llamó al desarrollo de políticas públicas para que pongan especial atención al desarrollo y la consolidación de la cultura de integridad y de apertura del sector público.

kg