Los Órganos Internos de Control (OIC) y la Unidad de Operación Regional, dependientes de la Secretaría de la Función Pública (SFP) han recuperado, de diciembre del 2012 al 30 de junio del 2016, un total de 5,421 millones 700,000 pesos.

Lo anterior derivado de información pública de la SFP, en la cual se puede apreciar que en diciembre del 2012 se recuperaron 90 millones de pesos. De enero a diciembre del 2013 se recuperaron 1,091 millones de pesos; en el mismo periodo, pero del 2014, se recuperaron 1,230.9 millones de pesos.

En el 2015 se recuperaron 2,038.2 millones de pesos y de enero hasta el 30 de junio del 2016 se habían recolectado 1,942.4 millones de pesos.

Estos montos fueron recuperados mediante auditorías, una de las principales atribuciones que tienen estos órganos al interior de las dependencias en las que se desempeñan.

En el país existen 214 OIC, los cuales de acuerdo con los estatutos de la SFP, se encargan de ejecutar el sistema de control y evaluación gubernamental, es decir, controlar que los procesos y procedimientos que realizan los servidores públicos en las dependencias y entidades federales estén apegados a la legalidad .

Critican falta de resultados

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), por su parte, ha presentado del 2012 hasta el 23 de diciembre del 2016, 637 denuncias penales en contra de administraciones estatales, órganos autónomos e incluso universidades públicas.

Entre las administraciones estatales denunciadas se encuentran Veracruz, Tabasco, Colima, el Estado de México, Baja California, Michoacán, Morelos, Chihuahua, Querétaro, entre otros más, así como la Universidad Veracruzana o la Universidad Autónoma de Morelos.

En el caso de Veracruz destacan 56 denuncias presentadas por la ASF entre el 2014 y el 23 de diciembre del año pasado, mismas que comprenden la administración del aún prófugo, el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, muchas de ellas por simulación de reintegros de recursos, es decir, el gobierno estatal regresó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recursos que posteriormente retiró; ninguna de estas denuncias ha sido resuelta hasta ahora.

La ASF ha criticado que las denuncias presentadas ante la PGR no han sido atendidas por la cantidad de trabajo que significan para la instancia de justicia, al tiempo que ha indicado que se necesita un fiscal anticorrupción que pueda resolver las denuncias por desvío de recursos federales con mayor celeridad.