Creada a mediados del 2010 para atender las agresiones contra periodistas, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), mantiene un índice de impunidad de 99.7% de los casos que atiende, según reportó Artículo 19 en su último informe.

Mientras que, de acuerdo con información que la dependencia proporcionó a la senadora Sandra Luz García Guajardo (PAN), la Fiscalía sólo ha conseguido tres sentencias condenatorias en contra de agresores al gremio periodístico.

En el año en que fue creada la Feadle, se tuvo un registro de 13 asesinatos de periodistas y cinco más desaparecidos, tendencia que se mantuvo en los dos años siguientes con 11 homicidios cada uno y ocho más en el 2013.

De acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía, se contabilizaron, del año 2000 al 2015, 103 homicidios de comunicadores, dato que contrasta con el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que para el mismo periodo reporta 90 asesinatos.

La información da cuenta de que las entidades donde han ocurrido el grueso de los homicidios son Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa, Oaxaca y Durango.

En materia presupuestaria, cifras de la legisladora dan cuenta que para el 2013 la Feadle recibió recursos por más de 38 millones de pesos, mismos que han venido disminuyendo para colocarse este año en el orden de poco más de 18 millones de pesos.

La disminución de los recursos en relación con el año anterior (2016), representa casi 30% menos, ya que para esa fecha se le asignaron más de 26 millones.

El informe de la organización internacional refiere que del 2010 al 2016 se han documentado 2,020 agresiones contra periodistas, mismas que pueden estar ligadas a la labor profesional de los afectados.

Ello contrasta con las 906 investigaciones que ha iniciado la Feadle de la PGR, lo cual demuestra que han sido muchos delitos que no se han denunciado y, por tanto, confirma la premisa de que la impunidad que se vive es aún mayor , concluyó.

Nuevo nombramiento

La PGR informó que Ricardo Sánchez Pérez del Pozo fue nombrado por el procurador Raúl Cervantes como nuevo fiscal especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, y que con ello se buscará reorganizar el trabajo de la institución. Asimismo, se explicó que la Subprocuraduría de Derechos Humanos ya inició un proceso de evaluación interna para fortalecer capacidades.

La instrucción del abogado de la nación al nuevo funcionario, quien es egresado de la Escuela Libre de Derecho, será revisar cada uno de los casos que actualmente se investigan, mantener contacto permanente con todas las organizaciones de la sociedad civil y de periodistas, propiciando un diálogo permanentemente y transparente con la sociedad y reforzará la coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno .