Resultado de la austeridad aplicada al gasto corriente y servicios personales por el nuevo gobierno federal, se recortarán plazas pero será hasta el próximo 30 de junio cuando se tenga certeza del número de personas que perderán su empleo, informó Francisco Varela.

El titular de la unidad de políticas de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública (SFP) precisó que 92 de cada 100 empleados del gobierno de la República no serán afectados de ninguna forma por la llamada austeridad republicana.

En el caso de las plazas que desaparezcan se aplicarán las disposiciones legales para la compensación correspondiente, amplió.

Cada institución realiza a la fecha el análisis sobre los puestos de empleo susceptibles de recorte, dijo, a partir de las duplicidades de funciones que existan.

“Pueden ser pocas plazas o muchas, dependiendo de las duplicidades y del modelo de contratación”; en el caso de las plazas por honorarios cuyo contrato ya no se renovó, explicó, y que corresponde a 50% de las mismas, cuyo número no precisó, “no son recortes porque no son parte de la estructura orgánica”.

Recordó que, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2019, el recorte en el rubro de servicios personales fue de 20 por ciento.

De acuerdo con el memorándum presidencial del 3 de mayo, todas las plazas no autorizadas serán entregadas a la Secretaría de Hacienda.

A la fecha, informó, la administración pública federal tiene 1 millón 320,175 puestos de estructura, y toda medida de austeridad se orienta únicamente a los puestos de mando y enlace, que son 113,884 y corresponden a 8.63% del total, de los que 90% será reubicado en labores técnicas como son los gabinetes de apoyo.

“Lo que está en marcha es un proceso de reorganización dentro del cual hay cientos de cambios. Para las personas que directamente sean afectadas por esos cambios, la SHCP y la SFP emitieron las disposiciones correspondientes el 1 de febrero (...) Aquellos servidores de carrera que vean terminada su relación laboral por virtud de esta reestructura”.

En el caso de la SFP, detalló, de las 1,565 plazas de mando y enlace heredadas de la administración federal anterior, solamente 67% está ocupado actualmente, y se devolverán a Hacienda 200 plazas.

Por su parte, Tania de la Paz Pérez, subsecretaria de responsabilidades administrativas y Contrataciones Públicas de la SFP, comentó, a nombre de Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, quien no se presentó a la conferencia de prensa a la que convocó, que la austeridad republicana es una nueva visión sobre la manera en que el gobierno utiliza los recursos del erario.

“Se refiere a poner fin a estructuras duplicadas, gastos ineficientes y onerosos, derroches administrativos, privilegios, remuneraciones y prestaciones excesivas”.

“Se nos ha pasado la mano”

“Creo que se nos ha pasado la mano, y fuerte”, aseveró Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, al ser cuestionado por algunos de los recortes del gobierno federal al gasto público.

El funcionario fue el encargado de cerrar la primera jornada del Women’s Forum Americas 19 y en medio de la sesión de preguntas y respuestas una de las asistentes lo interpeló: “Está muy bien la paridad de género en el gabinete, pero necesitamos paridad de gobierno, ¿qué nos dice de los recortes a los programas de apoyo a la mujer?, entre ellos para víctimas de violencia o para pacientes de cáncer cervicouterino”.

Romo admitió que el impacto social de estas decisiones ha sido mayor que el efecto de combate a la corrupción que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende con los ajustes al Presupuesto 2019.