La fracción parlamentaria del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Senadores promueve reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas para aumentar de tres a siete y de siete a 14 años los plazos de prescripción de delitos no graves y graves, respectivamente.

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto confeccionado por Freyda Villegas Canché, los plazos vigentes no garantizan la persecución de los delitos cometidos por servidores públicos y particulares de forma efectiva ni el combate a la corrupción.

La referida ley, promulgada el 18 de julio del 2016, distribuye competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.

Constituyen faltas no graves, entre otras, las siguientes omisiones del servidor: incumplimiento de funciones encomendadas; no denunciar faltas administrativas; desatender instrucciones de los superiores; incumplir con la presentación de las declaraciones patrimonial y de intereses, y negarse a colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte.

Las faltas graves son los delitos de cohecho; peculado; desvío de recursos públicos; utilización indebida de información; abuso de funciones; actuación bajo conflicto de intereses; contratación indebida; enriquecimiento oculto; tráfico de influencias; encubrimiento y desacato; éstos pueden implicar a particulares.

Los plazos establecidos de prescripción de tres años para delitos no graves y de siete años para delitos graves, consideró la senadora, no logran garantizar de forma efectiva la persecución de los delitos cometidos por servidores y particulares deshonestos.

Adjudicarse bienes

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, solicitó a la Cámara de Diputados legislar para que la extinción de dominio pueda ser en un plazo de 90 días.

Durante su participación en el Tercer Foro Interparlamentario de Seguridad en San Lázaro, Nieto explicó que es necesario buscar alternativas para que se puedan adjudicar recursos de procedencia ilícita por medios más rápidos y que pasen a ser patrimonio del Estado.

Ejemplificó que existe una cuenta de 2 millones de dólares relacionada con el cártel Jalisco Nueva Generación y otra por 80 millones de pesos por trata de personas, las cuales no han sido reclamadas; consideró que estos recursos pueden ser empleados por las autoridades.

Explicó que existen dos opciones para realizar el procedimiento administrativo, la primera es que a partir de una denuncia de la UIF el Ministerio Público integre una carpeta de investigación para lograr el decomiso, lo que tardaría de dos a tres años.

Mientras que la segunda alternativa es reformar la ley y permitir que en esos casos se pueda generar un abandono administrativo y si en 90 días nadie ha reclamado la cuenta, se solicita al MP iniciar la extinción.

Protestan por crimen de estudiantes en Puebla

Cientos de estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla acudieron a la sede del palacio de gobierno para protestar por el asesinato de tres estudiantes de Medicina y un conductor de un taxi de aplicación móvil, cometido el pasado domingo. Las víctimas son Jimena “N”, de 25 años de edad, y José Antonio “N”, de 22 años, ambos de origen colombiano; así como Francisco Javier “N”, de 22 años, oriundo de Veracruz y el poblano José Manuel “N”, de 28 años, quien era conductor de Uber. Uno de los jóvenes que entró a dialogar con el gobernador de la entidad anunció que este miércoles se reunirán con los rectores de ambas universidades para analizar mayores medidas de prevención del delito en los alrededores de las facultades. (Con información de Notimex)

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