Las organizaciones civiles que acompañan a los familiares de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos hace casi 10 meses en Iguala, Guerrero; llaman al Estado mexicano a evitar el colapso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Durante la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), convocado para coadyuvar en el caso Iguala, en el Instituto México del Centro Woodrow Wilson, con sede en Washington DC, Estados Unidos, el subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, solicitó a las autoridades nacionales no emplear las aportaciones que hace a la CIDH para el financiamiento que hizo al equipo de especialistas.

Lamentaríamos mucho que la contribución económica del Estado mexicano para el funcionamiento del GIEI se entendiera como un sustitutivo de la contribución del país para el funcionamiento de la Comisión Interamericana más allá de Ayotzinapa , remarcó Aguirre.

Este lunes, la CIDH informó que atraviesa una crisis financiera extrema, que tendrá graves consecuencias en su capacidad para cumplir con su mandato y funciones básicas. Detalló que el 31 de julio del 2016 vencen los contratos de 40% del personal y no cuenta con los fondos, ni con la expectativa de recibir fondos, para poder renovarlos.

Asimismo, la comisión informó que se vio obligada a suspender la realización de las visitas previstas para este año, así como de los períodos de sesiones 159 y 160, programados originalmente para julio y octubre.

México es uno de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), de donde emana la comisión, que realiza aportaciones voluntarias a la CIDH.

A su vez, el gobierno nacional destinó 2 millones de dólares para los gastos de las labores y transporte que realizaron cinco especialistas de diversas partes de mundo durante un año en el país como mandato del GIEI. De este dinero, aún queda un remanente, el cual quedará en manos de la OEA y el Estado mexicano.

Ante ello, las organizaciones representantes de las familias de los jóvenes desaparecidos, solicitan al Estado no tomar este dinero a cuenta de las contribuciones que hace a la CIDH.

Sobre el tema, el embajador Luis Alfonso de Alba, representante permanente de México ante la OEA, informó que en breve sostendrá una reunión con el Consejo Permanente, para analizar el estado de la crisis financiera y revisar no sólo cómo son obtenidos los recursos sino cómo son empleados y de qué manera pueden sumarse más fuerzas, como las provenientes de la sociedad civil y el Sistema de Naciones Unidas.

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