Organizaciones de la sociedad civil, a través de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), demandaron al gobierno de Enrique Peña a incluir en el Pacto Económico tres propuestas: combate a la corrupción, combate a la impunidad e integridad del gasto público.

El mejor recorte que puede hacer el gobierno es la corrupción, en el que se terminen privilegios legales e ilegales , coincidieron los actores como Transparencia Mexicana, Fundación Espinosa Iglesias, Sociedad en Movimiento y Acción Ciudadana contra la Pobreza.

Gustavo de Hoyos, presidente del sector patronal, destacó que el principal reto del país ante la coyuntura internacional es apostar a la economía formal y, para ello, dijo que se requieren incentivos, como 100% de la deducibilidad a las prestaciones sociales.

Durante una reunión de la comunidad Coparmex, las organizaciones sociales consideraron que el sector patronal debe adherirse al Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar, impulsado por el gobierno federal, con una agenda social de corto y largo plazo.

En su oportunidad, Eduardo Bohórquez, titular de Transparencia Mexicana, refirió que tan sólo por eliminar la corrupción en el estado de Veracruz, el estado hubiera ahorrado 50,000 millones de pesos, cifra mayor a la anunciada de recortes al gasto.

Otro de los aspectos a revisar es los elementos de gasto público: Tenemos la ley de adquisiciones, la de obra pública, de inversión, modelos de concesión, son instrumentos a revisar, no sólo presupuesto: dar vuelta a la tuerca: vamos por asegurar cosas que son complejas como los programas de transparencia. El tema de transparencia presupuestaria es del siglo XX; tenemos que revisar el gasto público , comentó Bohórquez.

En tanto, se destacó la urgencia de un pacto social de igualdades y posibilidades para todos.

El titular de Transparencia Mexicana también criticó que Peña Nieto no haya convocado a la sociedad civil al acuerdo en donde sólo participaron organismos empresariales y sindicatos.

Ese pacto ilustra que las autoridades no han entendido que la sociedad ya cambió porque hay otras formas de organización, pero también evidencia que no se ha desmantelado la estructura clientelar del país. Aunque resulta muy complejo, los beneficios particulares se deben buscar de manera simultánea a los colectivos , enfatizó.

Por su parte, Rogelio Gómez, de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, criticó que el acuerdo se trató de un pacto corporativo , cuando lo que se requiere es tender puentes a la sociedad civil. No se debe hacer un acuerdo donde sólo se hable de temas patronales y gremiales, como si la sociedad siguiera siendo de castas , sentenció Gómez.

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