Con la llegada de la pandemia de coronavirus, el gobierno federal y las autoridades se vieron obligadas a implementar acciones para mitigar su impacto en las personas privadas de la libertad, sin embargo, solo la mitad de las entidades federativas implementaron políticas públicas para reducir los riesgos.

El informe “Libertad ante la pandemia por COVID-19 en los centros penitenciarios. Medidas de preliberación implementadas durante 2019 y 2020” de la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) reveló que solamente en Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Morelos, afirmaron haber aplicado medidas de preliberación de personas con motivo de Covid-19, es decir, solo 13 de las 32 entidades federativas.

Esto último, a pesar de que en 2020 en los centros penitenciarios de 25 entidades federativas se presentaron contagios por Covid-19 y en 18 se registraron muertes por esta enfermedad.

De acuerdo con el documento, el Estado de México fue la entidad que más otorgó beneficios de preliberación, el Poder Judicial de la entidad señaló que se otorgaron 1,444 beneficios en 2020, año en el que se propagó el virus y aunque no se logró reducir la sobrepoblación, la cantidad de contagios no fue tan elevada y, por lo tanto, las defunciones también fueron bajas.

Mientras que Coahuila se caracterizó por otorgar beneficios de preliberación superiores a la cantidad de solicitudes, se destacó en 2020 al recibir 69 solicitudes y otorgar 385 beneficios de preliberación fue de los estados que menos contagios registró durante 2020.

Baja California Sur es de los estados que sí otorgó el beneficio de preliberación por Covid-19, incluso dió más beneficios de los que se le solicitaron. La entidad recibió 68 solicitudes y otorgó el beneficio a 75 personas privadas de la libertad.

Sin embargo, se dijo que una prueba del efecto negativo que produce la negación de los beneficios de preliberación es la Ciudad de México, ya que pese a recibir 1170 solicitudes en 2020, solo otorgó 567 beneficios de preliberación. Dicha entidad es de las que no otorgaron el beneficio de preliberación por motivo de Covid-19, pues reconoció que no se contempla a la pandemia como un factor o medio para otorgar los beneficios.

La Ciudad de México también se convirtió en la entidad que más acumuló casos de contagios y muertes por Covid-19 dentro de sus centros penitenciarios.

Las cifras presentadas demuestran que la pandemia no ha sido un factor que incide en el criterio de las autoridades para otorgar los beneficios de preliberación.

En tanto, la organización también lamentó que los informes presentados por la mayoría de las entidades federativas se encontraban incompletos y, en varios casos, las respuestas de las diferentes autoridades no coincidían, o las autoridades no contaban con registros específicos de la información solicitada ni conocían las razones por las cuales algunas solicitudes de preliberación habían sido rechazadas y de igual manera, en ocasiones, había discrepancias entre los datos que tenían las diferentes autoridades, por lo que no se puede contar con información concreta en el tema.

Se advirtió que antes de la pandemia ya existía información que expone las malas condiciones en las que se encuentran los Centros Penitenciarios, la falta de espacios, el hacinamiento, la falta de higiene, entre otros que hacen más susceptibles de contagiarse a las personas privadas de la libertad.

Mientras que, con la llegada del virus, se han implementado una serie de medidas para proteger la salud de los internos; sin embargo, estas han sido insuficientes, entre ellas los beneficios preliberacionales.

“Estas medidas sólo se conceden a las personas privadas de libertad que cumplen con ciertas condiciones y sirven para impulsar su reinserción social. El riesgo de contagio por Covid-19 entre los internos es una de esas condiciones, pues la continuidad de la pena en muchos casos sería irrelevante para la reinserción o para prevenir la reincidencia si la persona se contagia”, destaca el documento.

Finalmente, MUCD enfatizó que las diversas autoridades a cargo de los centros penitenciarios no están haciendo lo suficiente para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad; particularmente, señala que el derecho a la salud de los internos está siendo vulnerado.

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