México Evalúa y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey señalaron que ante la pandemia por Covid-19, se evidenciaron las limitaciones del sistema nacional de fiscalización, ya que no se logró el objetivo de vigilar el ejercicio de los recursos públicos, por lo que realizaron diversas recomendaciones para mejorar las acciones de los órganos fiscalizadores.

De acuerdo con el documento elaborado por la ONG y la academia, se aconsejó fortalecer la independencia política de los órganos de fiscalización superior, debido a que la eficacia en la revisión del gasto público recae en preservar su autonomía, tanto en el plano federal como en cada una de las 32 entidades federativas.

Asimismo, se planteó que el Poder Legislativo federal y estatal, así como las unidades de evaluación y control (UEC), garanticen la vigilancia de los órganos de fiscalización superior para reforzar su independencia y eficacia.

Además, tanto la ONG como la academia resaltaron la importancia de incluir la participación social, civil y comunitaria en la integración del programa anual de auditorías para garantizar la trasparencia del mismo.

Agregaron que, el programa debe estar definido por una revisión independiente de los criterios, fórmulas y algoritmos, y que se deben mejorar los criterios para la selección del tipo de auditorías: financiera, inversión física, forense y desempeño, y asegurar su óptima complementariedad.

“Incorporar y aprovechar la figura de las auditorías especiales o en tiempo real, dando cabida a preocupaciones sociales o emergencias en las que se suspenden los controles y mecanismos de fiscalización habituales”, destaca el documento.

También, el programa debe estar listo antes de que concluya el ejercicio de la Cuenta Pública a revisar, y se deberá incrementar la transparencia del proceso de fiscalización y no sólo de sus resultados, publicando expedientes electrónicos del programa anual de auditorías.

“Mejorar tanto la calidad de los informes parciales y final de resultados, así como su calendario de entregas, incorporando un lenguaje apropiado para diferentes comunidades y grupos sociales interesados”, indicaron.

Por otra parte, mencionaron que debe continuar y ampliar la profesionalización del personal auditor de los órganos de fiscalización superior, ya que, su labor fiscalizadora debe igualar en capacidades a los entes auditados para formular los requerimientos pertinentes, valorar técnicamente las respuestas y dirigir los trabajos de revisión, investigación y sustanciación.