Organizaciones civiles presentaron este jueves el informe Corrupción que Mata, en el que se señala que México debe pensar en la creación de un mecanismo contra la impunidad a cargo de instancias internacionales y nacionales debido a la debilidad del sistema de justicia y a que esfuerzos como el Sistema Nacional Anticorrupción no garantizan aún que se persiga la corrupción y se abata la impunidad. 

“México necesita un mecanismo internacional no solo como primer paso para propiciar la rendición de cuentas que sus ciudadanos han buscado durante tanto tiempo, sino también para abordar las debilidades del sistema de justicia penal que lo tornan inadecuado en este momento para investigar las estructuras y prácticas de corrupción que ilustran un estado como Coahuila, entre otros”, indica el documento publicado por la organización civil internacional Open Society Foundations. 

Mediante el análisis de casos como la desaparición de alrededor de 300 personas en un periodo de tres días, en el 2011, en los municipios de Allende y pueblos cercanos, en Coahuila, así como la desaparición y asesinato de 150 personas entre el 2009 y el 2012 en la prisión de Piedras Negras, en el mismo estado, ambos crímenes suscitados a manos del grupo criminal los Zetas, en el documento se urge a que se implemente dicho mecanismo que podría estar encabezado por Naciones Unidas. 

“El mecanismo debe estar compuesto por personal nacional e internacional. La asistencia de personal internacional temporal proporcionaría conocimientos especializados e independencia para garantizar la ejecución sólida del mandato del mecanismo, así como el apoyo necesario y la protección requerida para lidiar con la presión política”, precisa el informe. 

Su operación, se propone, deberá ser tanto a nivel federal como a nivel estatal y se enfocaría en investigar casos graves de lavado de dinero, malversación de fondos y abuso de poder. 

En el documento se concluye que derivado de las actuales condiciones que padece México en materia de corrupción y falta de justicia se necesita realizar “macroinvestigaciones”.

“A pesar de que en las últimas tres administraciones ha habido numerosos casos de malversación de fondos y lavado de dinero con servidores públicos involucrados, en Coahuila se ha hecho poco para investigar y perseguir estos crímenes. 

“Muchas de las mismas personas han pasado de un cargo a otro en los gobiernos estatales y municipales, lo que limita aún más la posibilidad de rendición de cuentas. Como se señala en este informe, el patrón parece haberse replicado en otros estados de México con las mismas trágicas consecuencias”, se afirma.