A tres años de creado el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la situación de violencia que enfrentan no ha mejorado y México continúa siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ellos, coinciden organismos internacionales y nacionales.

Organizaciones que integran el Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, integrado por cerca de 30 organizaciones de la sociedad civil como Casa de Derechos del Periodista y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) concluyen a través de una investigación que el mecanismo no ha logrado conseguir un cambio significativo en la situación de las personas defensoras y periodistas.

En el Segundo Diagnóstico sobre la Implementación del Mecanismo Federal de Protección, Espacio OSC sistematizó y analizó 59 casos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, acompañados por ocho organizaciones del Espacio OSC en 21 estados de la República, que han solicitado el ingreso al mecanismo desde su puesta en funcionamiento hasta noviembre del 2014.

Entre los hallazgos destacan la ausencia de respaldo político, financiero y de recursos humanos del mecanismo, seguido de la falta de reconocimiento de la labor de las personas defensoras y periodistas; la descoordinación y falta de voluntad de las autoridades competentes de los distintos niveles de gobierno a pesar de la firma de los convenios de colaboración ; las limitaciones en la investigación, y el desinterés en activar las herramientas que por ley se definieron para prevenir los abusos y ataques contra esta población. Todo ello es una muestra de los retos que enfrenta el mecanismo para reducir el riesgo y tomar medidas efectivas para su correcta implementación.

Tras su lanzamiento en el 2012, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) reconoció la aprobación del mecanismo, destacó su importancia e invitó al Estado mexicano a continuar con los esfuerzos desplegados para su fortalecimiento.

Sin embargo, las Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus iniciales en inglés) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés) observan que desde el principio, la falta de personal y de fondos ha inhibido la capacidad de este instrumento de responder de manera oportuna y eficaz a las peticiones urgentes que recibe de periodistas y defensores de los derechos humanos.

Asimismo, la implementación de las medidas del mecanismo dependen en gran parte de la colaboración de los gobiernos estatales y locales, que no siempre se ha dado.

A decir de ambas organizaciones, esto se debe, por un lado, a que el secretario Osorio Chong ha hecho pocas declaraciones acerca del mecanismo, y no se ha esforzado en comunicar claramente a los gobernadores y alcaldes que la implementación de las medidas de protección es una prioridad para el gobierno federal.

También esta falta de cooperación en implementar medidas del mecanismo se debe a la mala coordinación y comunicación entre las autoridades federales y estatales, y entre diferentes autoridades federales.

En aquellas ocasiones en las que sí se han implementado medidas de protección, a menudo han sido ineficaces, y en algunos casos contraproducentes.

Los defensores de los derechos humanos y periodistas que han buscado el apoyo y la protección del mecanismo no han podido contar con él para garantizar su seguridad , de acuerdo con el diagnóstico de WOLA y las PBI.