Martí ratifica denuncia a un año de la muerte de su hijo

El empresario Alejandro Martí ratificó en el Juzgado 32 Penal del Reclusorio Sur la denuncia en contra de quien resulte responsable por el secuestro y homicidio de su hijo Fernando Martí.

Tras más de dos horas de declaraciones el también presidente de la Fundación México SOS abandonó las instalaciones del Reclusorio Sur y expresó que confía en que se hará justicia en este caso, así como en el resto de los secuestros que se imputan a la banda La Flor.

A un año del secuestro

La mañana del 4 de junio de 2008, Fernando Martí Haik, de 14 años de edad, salió de su domicilio con dirección a su secundaria, ubicada en la zona sur de la ciudad, acompañado por su escolta y un chofer.

Al circular sobre la Avenida de los Insurgentes Sur, a la altura de la colonia Jardines del Pedregal, el BMW blindado en que circulaba el menor fue detenido en un retén de supuestos agentes federales que de inmediato lo sometieron a él y a su chofer, Jorge Palma Lemus.

En el sitio quedó postrado, aparentemente sin vida, el escolta Cristian Flores, de 25 años, sin embargo un error de los captores no les permitió percatarse que no había muerto, y días más tarde, bajo la figura de "testigo protegido", reveló a la policía los detalles del secuestro.

Tras una serie de negociaciones infructuosas entre el empresario Alejandro Martí, asesores particulares y los delincuentes, el 1 de agosto fue encontrado sin vida el cuerpo de Fernando dentro de la cajuela de un vehículo en la colonia Villa Panamericana de la delegación Coyoacán.

El secuestro de Fernando Martí

A un año desde el día en que el joven fue privado de su libertad suman siete personas detenidas que de acuerdo con la investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) son las responsables y pertenecen a una banda denominada La Flor.

Se trata de Sergio Humberto Ortiz Juárez, presunto líder de la banda; Lorena González Hernández alias "La Lore", ex agente federal y presunta operadora del grupo; y los agentes judiciales José Luis Romero Angel y Fernando Hernández Santoyo, quienes participaban en los "levantones".

También están bajo proceso los hermanos Noé e Israel Cañas Ovalle, encargados de la "casa de seguridad" que utilizaba el grupo; y Marco Antonio Moreno Jiménez, quien tenía en su poder el celular desde el cual se hicieron las negociaciones.

La PGJDF ejercitó acción penal contra esos sujetos el 31 de octubre pasado, en total por seis averiguaciones previas relacionadas con 11 casos de secuestro cometidos entre el 1 de abril de 2007 y el 4 de junio de 2008 en las delegaciones Tlalpan, Coyoacán, Iztapalapa y el estado de México.

La investigación que hasta el momento ha integrado la PGJDF se encuentra reunida en un expediente compuesto por más de 10 tomos, que contienen 42 testimonios, 100 documentales, 233 dictámenes periciales, entre otros elementos.

Por "medidas de seguridad" las personas procesadas fueron trasladadas a penales federales de alta seguridad en Morelos y Nayarit, y sólo Lorena González permanece recluida en la capital, en el penal femenil de Santa Martha Acatitla.

Vrag/doch