A dos años y casi cuatro meses de que venciera el plazo para que las entidades armonicen su legislación y con ello se crearan comisiones de búsqueda y fiscalías especializadas locales en materia de desaparición forzada de personas, el rezago, tanto legislativo como institucional, es considerable.

El 16 de abril del 2018 concluyó el tiempo límite para que los estados aprobaran sus legislaciones en el marco de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.

Sin embargo, actualmente nueve entidades (Baja California, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Guerrero, Campeche, Yucatán y Morelos) aún no avanzan en este proceso, documenta un análisis realizado por la organización social I(DH)EAS.

Mientras que otras ocho localidades (Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Quintana Roo) sólo cuentan con la iniciativa, y está pendiente la discusión y votación al interior de sus poderes legislativos.

En tanto que en Sonora, Nayarit, Colima y Chiapas ya fueron aprobadas las leyes locales para prevenir y sancionar la desaparición forzada de personas, pero con deficiencias.

Tal es el caso reciente del estado de Chiapas, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó diversas disposiciones de la norma local al determinar que se excedía en sus atribuciones, al intentar permitir que la fiscalía local especializada en materia de desaparición forzada realizara intervención de comunicaciones o suplir normas federales.

Asimismo, entidades como Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca y Tabasco, son las únicas entidades que ya aprobaron por completo la ley a nivel local.

Con estas leyes, la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías locales deben tener instancias especializadas para la investigación y persecución de los delitos de desaparición, agrega la organización civil especializada en el litigio estratégico de casos de violaciones graves a derechos humanos, a nivel nacional e internacional.

Pero al igual que en la armonización de las leyes, los estados no logran completar este proceso, ya que en seis de ellos (Baja California, Sonora, Durango, San Luis Potosí, Oaxaca y Yucatán) todavía no se crea este organismo de justicia.

En tanto que Sinaloa, Nuevo León, Aguascalientes, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Campeche sus fiscalías especializadas están acéfalas. El resto de las entidades ya cuentan con este organismo completo, incluido un titular a cargo.

Por otro lado, la creación de una Comisión Local de Búsqueda, la cual debe coordinarse con la Comisión Nacional, ya existe en todas y cada una de las entidades federativas, sin embargo, también existen rezagos.

Durango, Zacatecas, Guanajuato, Veracruz, Oaxaca, Campeche y Yucatán, hasta ahora no cuentan con un titular de la Comisión.

En Durango, este organismo se creó el 24 de enero del 2019, y fue nombrado Edgar Alán Arroyo como comisionado, sin embargo, éste renunció al cargo y no existe información sobre un nuevo titular designado.

Asimismo, el 12 de enero del 2019, Zacatecas creó su comisión local de búsqueda, con Javier Ramírez García a la cabeza, el cual después fue removido. Actualmente hay cinco candidatos que aspiran al cargo en la entidad.

Tras una polémica por el nombramiento de Héctor Díaz Esquerra como comisionado local de búsqueda en Guanajuato, familiares de personas desaparecidas exigen se reponga el proceso de designación dentro de la comisión local que fue creada apenas el 3 de junio pasado.

En Veracruz, dicha comisión fue creada el 20 de agosto del 2018 y en estos momentos sólo cuenta con una encargada de despacho.

En el caso de Oaxaca, este organismo fue creado el 17 de octubre del 2019, pero sin un titular; misma situación para el estado de Campeche. Finalmente, Yucatán creó su comisión el 24 de junio del 2019, pero la convocatoria para nombrar a un comisionado local se declaró desierta.

Consejo Ciudadano

Por último, cada entidad también deberá conformar un Consejo Ciudadano que funcionará como órgano de consulta en materia de búsqueda de personas, integrado por familiares de personas desaparecidas, especialistas y organizaciones sociales, y es aquí donde la mayoría de los estados no ha logrado progresos.

Únicamente en Coahuila, Tamaulipas, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Morelos y la Ciudad de México existe este consejo ciudadano.

Y en el caso de Sonora, Nuevo León, Aguascalientes, Estado de México, Tabasco y Quintana Roo, hay avances en el tema, pero no se ha logrado su conformación. En las demás entidades no existe este consejo o no hay información oficial sobre el tema.

En un país que contabiliza 73,201 personas que siguen en calidad de desaparecidas o no localizadas, de las cuales 71,678 casos (97.9%) se reportaron después del 2006 y hasta la fecha, requiere de acciones concretas para echar a andar plenamente la norma general que busca unificar criterios y establecer responsabilidades en materia de desaparición de personas, se puntualiza.

Por ello, se señala, para que la ley general funcione es necesario que los gobernadores y congresos locales cumplan con aprobar las leyes y crear las instituciones, las cuales deberán disponer de personal especializado para investigar, generar y sistematizar información relevante.

maritza.perez@eleconomista.mx