La desigualdad es el principal factor que limita el crecimiento y desarrollo de los países en América Latina. La disparidad exorbitante en la distribución de los ingresos, combinada con otros factores importantes de la región como la violencia y las políticas públicas fallidas, genera que la pobreza y el crecimiento mediocre se conviertan en un círculo vicioso.

En México, por ejemplo, más de la mitad de los ingresos (59%) están en manos de sólo el 10% de la población más rica. Y entre los ricos están los más ricos: apenas 1% de ellos concentra más de un cuarto de la riqueza nacional (29%), según las cifras de Base de Datos Mundial sobre la Desigualdad. En estos niveles de altísima desigualdad se encuentran Brasil y Chile.

Aunque en el cono sur de la región, países como Uruguay, Paraguay y Argentina tienen niveles más bajos de desigualdad y más altos de desarrollo humano, en comparación con las medias internacionales y de países avanzados, siguen siendo altos.

Pero las diferencias no se limitan al rubro de los ingresos -aunque de algún modo están ligadas a él-, la desigualdad se refleja en el acceso a derechos básicos humanos y sociales. Desde el acceso a la vivienda, la salud y la educación hasta el acceso a una vida libre de violencia y discriminación. No es casualidad que justamente en los grupos de menores ingresos en la población es donde más dificultades existen para acceder a estos derechos de manera efectiva.

En el quintil más bajo, que concentra al 20% de los mexicanos más pobres, sólo el 14% tiene una computadora en casa. Para el quintil más alto las cosas son mucho mejores: en todos los hogares del 20% más rico hay al menos una computadora. Y el involucramiento de los padres en la educación de los estudiantes es 0.06 puntos mejor para los que pertenecen al grupo de los más ricos respecto de los más pobres, de acuerdo con el Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 elaborado por el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo).

Estas cifras se reproducen alrededor de toda la región de América Latina y el Caribe, y, de hecho, es la región con mayor desigualdad del mundo. Y no sólo en términos de educación; el acceso a servicios básicos en la vivienda también está limitado para cierta parte de la población: sólo el 59% de las viviendas más pobres en la región tienen acceso a servicios de saneamiento mientras que estos llegan hasta el 93% de cobertura en la población más rica. Por su parte, el 20% de los hogares más ricos tiene una cobertura de internet casi tres veces mayor que en el 20% de los hogares más pobres, de acuerdo con la data procesada por el PNUD.

El problema es que estas desigualdades económicas, sociales, educativas y hasta culturales inciden de manera importante en la perpetuación de la pobreza y las carencias. Lo que conocemos como “movilidad social”, que refleja la capacidad de las personas de ascender de quintil a lo largo de su vida, es casi imposible en América Latina. Las disparidades en el acceso a todos los derechos determinan y condenan a las personas a permanecer en su posición socioeconómica prácticamente por generaciones.

Esta problemática genera una especie de “trampa” que funciona como causa y efecto simultáneamente del éxito fallido de los países por acelerar su desarrollo social, su crecimiento económico y la calidad de vida de sus habitantes. Y aunque la desigualdad es un fenómeno que se esparce por toda la región, no es homogéneo y se intensifica para ciertos grupos vulnerables como las mujeres, los jóvenes, la comunidad LGBT+ o la población indígena.

Por esto importa la interseccionalidad

Una de las principales cuestiones en el análisis de la desigualdad es por qué esta problemática persiste aún con todos los esfuerzos públicos que se han hecho por cerrar las brechas y reducir la pobreza y las carencias. De acuerdo con el estudio realizado por el PNUD de la ONU una de las principales razones es por la ausencia de perspectivas interseccionales; es decir que consideren las vulnerabilidades particulares de la población.

Las mujeres, por ejemplo, constituyen más de la mitad de la población y siguen siendo el grupo más golpeado en términos de educación, empleo, derechos y violencia. En México la tasa de participación femenina es casi de la mitad que la masculina, la brecha salarial llega a alcanzar niveles de hasta 25% y realizan casi tres veces más del trabajo del hogar no remunerado.

Por su parte, la comunidad LGBT+ es el segundo grupo más discriminado sólo después de las personas indígenas. El 40% de la población no heterosexual afirma que se le ha negado alguno de sus derechos al menos una vez, según cifras de la ENADIS 2017 (Encuesta Nacional de Discriminación). Incluso 4 de cada 10 hombres asegura que no rentaría su vivienda a alguna persona trans, y 5 de cada 10 dijeron que no permitirían que sus hijos o hijas se casaran con alguien del mismo género. Según cifras de la OCDE, las mujeres trans tienen 24% menos de probabilidades de tener un empleo que las mujeres cis. Este grupo de la diversidad sexual y de identidad es posiblemente uno de los que más discriminación sufren en todos los aspectos de sus vidas.

La población indígena también es uno de los grupos más golpeados por la desigualdad y la pobreza. En México cerca de 7 de cada 10 indígenas son pobres o pobres extremos; 3 de cada 10 integrantes de una comunidad indígena presentan rezago educativo, incapacidad de alimentarse y baja calidad de sus viviendas. Y 2 de cada 10 no tienen acceso a instituciones para la salud, de acuerdo con cifras del Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social).

De modo que la desigualdad no sólo puede analizarse en términos de los más ricos y los más pobres. Hay que considerar que hay factores y características que intersectan en la población y pueden potencializar el rezago en el desarrollo de sus vidas es fundamental para que las políticas realmente impacten en el cierre de brechas.

La desigualdad en México y América Latina es uno de los focos rojos más latentes, especialmente porque todos los avances que se habían logrado están en peligro de revertirse con la crisis sanitaria Covid-19. La acción civil y privada es importante pero las políticas públicas serán determinantes para avanzar en materia de desarrollo humano y social.

ana.garcia@eleconomista.mx