Se estima que a diario entran de manera ilegal a México unas 567 armas provenientes principalmente de Estados Unidos. Ante ello, el gobierno federal no sólo debe culpar, sino asumir su parte en el control de ese mercado negro, coincidieron especialistas.

Durante el foro virtual “Tráfico de armas. Estados Unidos - México”, organizado por Causa en Común, Eugenio Weigend Vargas, director de Investigación en el Center for American Progress (Centro para el Progreso Americano), resaltó que mientras en el 2004 en México el 25% de los homicidios fueron cometidos con armas, para el 2019 pasó al 72 por ciento. 

Indicó que el 70% de las armas usadas en nuestro país en homicidios, robos y lesiones, provienen de Estados Unidos.

Weigend Vargas aseveró que a partir del 2005, cuando en México comenzó el incremento de la violencia, en Estados Unidos se disparó la producción de armas, particularmente de rifles y pistolas de alto calibre “que son las armas que prefieren los criminales en México y otros países”.

El especialista sostuvo que han habido operativos de la ATF (la agencia para el control de alcohol, drogas y armas de EU), que han expuesto la operación de los straw buyer (comprador paja), que es la persona que legalmente puede adquirir un arma y la entrega a los criminales. Recordó que, incluso, existen ventas por internet cuyas transacciones no cuestionan al comprador.

“Hay evidencia de que Estados Unidos es proveedor de armas no sólo a México, sino también a países de Centro y Sudamérica, llegando hasta Chile”, comentó.

Atribuyó esa situación a las regulaciones permisivas en Estados Unidos y al poco monitoreo en las armerías. Argumentó que, hasta 2019, había 53,000 armerías y 13,000 que producían, y de las cuales el 83% no eran inspeccionadas, situación no menor, dijo, ya que del 2012 al 2019 fueron robadas o perdidas 139,00 armas en esos establecimientos. Alertó que a estas armerías no se les requiere que guarden control de inventarios ni que cuenten con alarmas, por lo que es muy fácil que sean asaltadas.

Relató que otro fenómeno, es que hay armas que llegan a México de manera legal a las instituciones, pero “se desvían”, toda vez que del 2006 al 2017 fueron robadas o perdidas unas 30,000 armas en nuestro país. Por ello consideró que México debe contar con protocolos eficientes para la distribución de armas en las instituciones de seguridad nacionales y subnacionales.

Responsabilidad compartida

Por su parte, Eric Olson, miembro del Instituto México del Woodrow Wilson Center, dijo que el gobierno de Felipe Calderón “puso interés” en el tema; el de Enrique Peña Nieto “no hizo nada, no dijo nada”, y el actual gobierno federal, después del asesinato de nueve integrantes de la familia LeBarón “se ha empeñado a hacer algo, pero también no le ha puesto la importancia debida en las relaciones bilaterales, así que es una relación compartida entre los dos”. 

Consideró que “la responsabilidad prioritaria tiene que estar con Estados Unidos, porque lamentablemente no ha tomado los pasos necesarios para realmente enfrentar este problema”.

Afirmó que hay dos áreas donde EU podría hacer un mejor trabajo, no para resolver el problema, sino para controlarlo. Uno: inhibir el tráfico de armas mediante el incremento de juicios penales, ya que los jueces persiguen muy poco ese delito. Lo segundo, dijo, es combatir las compras “fantasmas”, que es cuando un estadounidense adquiere legalmente armamento de alto calibre, mismo que luego traspasa a un tercero.

Refirió que México debe vigilar el ingreso de armas y dinero principalmente en las fronteras de Chihuahua y Sonora donde hay menos control.

“Catálogo de quejas”

Por su parte, María Elena Morera, apuntó que en este tema, en México hay simulación y en Estados Unidos negocios e hipocresía política, ya que son dos década de acuerdos y operativos sin ningún resultado.

Morera sostuvo que cada día ingresan 567 armas ilegales, y en los últimos 10 años han ingresado alrededor de 2.2 millones.

En Estados Unidos “hay una libre adquisición de armas y hacia el exterior hay cero controles. Lo que importa en Estados Unidos es el negocio, y en México hay fuertes restricciones para la adquisición y portación de armas, pero hay una nula capacidad para evitar el trasiego, venga del norte o venga del sur. Así, el tráfico de armas se fomenta en ambos países bajo la lógica implacable del mercado”, planteó.

La activista expuso que “la proliferación de armas de fuego es una problemática en crecimiento, sumada a otras, como las fallidas estrategias contra el crimen organizado, la debilidad de las instituciones de seguridad en México y la ausencia de resultados de operativos binacionales, lo que agrava la problemática de seguridad que vivimos en México”.

Añadió que México debería de dejar los “catálogos de quejas y hacer algo en su territorio”.

Por su parte, Isidoro Cohen, representante de la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego, indicó que cada país tiene que asumir su responsabiliad desde la raíz en el tráfico armamentista, y no echarse la culpa ya que advirtió que el mercado negro no se terminará si no hay una regulación real, como con sucede con el alcohol.

Estimó que México tiene que empezar con su “grano de arena”, con una reforma a la ley de armas de juego, con un registro real de armas, y que el Ejército se dedique a cerrar las fronteras al tráfico ilegal.

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