El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) suscribieron un convenio de colaboración que pretende frenar la corrupción en el contexto electoral y evitar el desvío de dinero público a campañas y partidos políticos para influir en la contienda política.

“La identificación de patrones, modus operandi, prácticas recurrentes e, inclusive, actores específicos, que forman parte de la comisión de irregularidades en el ámbito de la gestión de los recursos públicos y del entorno electoral, constituye el factor clave para enfrentar al problema de la corrupción sin fragmentaciones y omisiones’’, afirmó David Colmenares Páramo.

El preocupante dinamismo que se observa en las prácticas que evitan el cumplimiento de la norma, dijo, es un reto a las instituciones para mejorar sus capacidades y utilizar las técnicas y metodologías más avanzadas.

“La alianza del INE y la Auditoría Superior debe enfocarse a buscar la causa de la problemática que se observa, con el fin de establecer medidas preventivas que eviten la recurrencia tras las irregularidades que se observan. Atacar las consecuencias, olvidándose de las causas no es una estrategia rentable en el largo plazo’’.

Colmenares Páramo propuso que el INE sea un invitado recurrente a las discusiones que se generan dentro del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). “Los procesos electorales, tal como están estructurados en México, han generado una fuerte corriente de opinión en contra de lo elevado de sus costos, lo prolongado de su duración y las amplias posibilidades que tienen de generar condiciones propicias a la corrupción, ya sea antes de la celebración de los comicios o una vez que las autoridades electas han tomado posesión de sus cargos’’.

El consejero electoral Ciro Murayama Rendón, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, explicó que gracias a la atribución constitucional de la autoridad electoral para trascender los secretos bancario, fiduciario y fiscal y revisar los informes de ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales y locales, precandidatos, aspirantes a candidatos independientes y candidatos de partidos y coaliciones, es posible llevar a cabo una extensa e intensiva revisión del dinero que fluye hacia la política.

“En nuestras indagaciones hemos detectado y sancionado gasto no reportado que implica, siempre, ingresos que se ocultan, y se esconden porque están prohibidos por la ley. Con alta frecuencia, y de ahí la necesidad y pertinencia de este convenio con la Auditoría Superior de la Federación, se trata de recursos que fueron desviados del erario público.

“Hemos documentado que hay pagos a estructuras partidistas a través de empresas, con frecuencia empresas fachada o fantasma, que a su vez recibieron recursos de entes públicos. Detrás de toda trama de financiamiento paralelo de la política, aparece el desvío de recursos de los contribuyentes’’.

Tales hallazgos, informó, se entregarán a la ASF porque “no basta con sancionar al partido beneficiario, hay que restituir el daño y sancionar a los servidores públicos que desviaron los recursos para las campañas o para algún instituto político.

“De manera similar, cuando en la revisión de las cuentas públicas la Auditoría Superior de la Federación detecte mal uso de recursos públicos y un eventual destino electoral, nos alertará y el INE procederá a investigar y, en su caso, a sancionar’’.

Murayama Rendón advirtió a actores políticos y servidores públicos que la alianza INE-ASF llegó para quedarse y dar frutos. “Revisaremos las cuentas públicas y las cuentas de las campañas, cruzaremos información y cerraremos el espacio al uso de dinero público para influir en la contienda política’’.

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