El acceso a la información pública estaría “en riesgo, porque se complicaría aún más” si desaparece el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), advirtieron seis periodistas especializados en investigación.

Nayeli Roldán afirmó que en las últimas décadas se ha logrado establecer en México “todo un andamiaje institucional para asegurar el acceso a la información como derecho”, pero que hace falta modificar la ley en la materia para “darle más dientes, más facultades al organismo autónomo”, así como para “acelerar los tiempos de respuesta de las dependencias”. 

Roldán es coautora de la investigación periodística la “Estafa Maestra”, cuyo contenido “40% se basó en solicitudes de información, 500 en total a través del INAI e institutos de transparencia estatales”, y que puso al descubierto un millonario fraude en el gobierno federal mediante empresas fantasma.

La periodista consideró “necesario fortalecer el INAI, no desaparecerlo” puesto que “estaría en riego el acceso a la información pública porque todos los gobiernos, no sólo el actual, dificultan el acceso porque se valen de ciertos aspectos de la propia ley, que permite reservar la información. Es una herramienta que sirve, si (bien) no para desaparecer la corrupción, sí para descubrirla y seguir exigiendo cuentas a los gobernantes, lo que beneficia a la sociedad”. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó, en enero pasado, que las facultades del INAI las asuma la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR).  

Para Zorayda Gallegos, ganadora del premio nacional de periodismo (2015) y del premio de Acceso a la Información Pública y Periodismo de Investigación (2019), convocado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, la UNESCO y el Instituto Prensa y Sociedad, el eliminar el INAI significaría “un despropósito” y un retroceso para el periodismo y para la ciudadanía en general.

“Es importante destacar que todas estas leyes de transparencia y el INAI no nacen como una iniciativa de un gobernante en sí, que todos sabemos que el INAI se crea en el gobierno de Vicente Fox, pero no es porque haya sido una iniciativa del presidente, sino que es un reclamo de periodistas, ciudadanos y académicos”, dijo.

Gallegos consideró que López Obrador ha mostrado un gran desconocimiento de las facultades del INAI.

“Ojalá el presidente replantee su propuesta (…) Siempre que hace referencia al tema él siempre hace énfasis en que el INAI niega la información y el INAI no es el que niega sino que es simplemente un intermediario entre el ciudadano y la dependencia que se niega a entregar esa información”, puntualizó.     

Impulsor, desde su profesión, de la creación de este órgano autónomo, Daniel Lizárraga refirió: “Me parece más una falta de visión y de no entendimiento de lo que significa la rendición de cuentas por parte del presidente”.  

El coautor del libro La Casa Blanca de Peña Nieto. La historia que cimbró un gobierno, alertó que de eliminarse el ente autónomo “muy poca gente va a poder, quizá los empresarios o alguna organización no gubernamental que tenga suficiente dinero o abogados que trabajen para ellos, ser capaz de presentar un amparo en materia administrativa para que se ordene abrir o entregar la información… habría que pensar en términos de los costos de litigio. ¿Cuánta gente normal se puede pagar un amparo? Es un asunto que cuesta mucho dinero”.  

Raúl Olmos, autor del libro Gigante de Lodo: Odebrecht y su historia de corrupción en México, consideró que la eventual desaparición del INAI “dificultaría el acceso a la información porque, en caso de negativas, uno tendría que recurrir a la propia autoridad o, todavía más complicado, al poder Judicial, vía litigio, para que hubiera acceso a la información.  

“Eso me preocupa porque yo, en el plano personal, he recurrido a litigios, más allá del INAI, promovido juicios de amparo cuando me han negado información y ha sido un proceso tortuoso que se ha llevado meses y meses, y al final han terminado dándome la razón. Pero es un proceso largo la vía judicial… Sería la propia autoridad la que tendría que decidir cuándo sí y cuándo no se hace pública la información; eso me parece delicado”. 

Ganador, en diciembre pasado, del primer lugar en el Concurso Nacional de Periodismo, Investigación y Aplicaciones de Información Pública, organizado por el INAI, con su reportaje titulado Camila, la comida chatarra y su incursión al derecho a la información, Rivelino Rueda afirmó que eliminar el ente garante significaría “cerrar por completo el derecho de acceso a la información que marca la Constitución, no tanto a los periodistas sino a la ciudadanía en general”.

Experto, porque desde hace aproximadamente cinco años inició con la tramitación de solicitudes de la información como hábito, Rueda propuso que la sociedad civil, “sin politizar el tema, se involucre mucho para convencer al legislador y hacerlo entender que es forzoso que el INAI tenga facultades para sancionar a funcionarios públicos que oculten información.   

“Se debe sancionar la negación de información; darle dientes al INAI para sancionar esas conductas que van en contra de la rendición de cuentas… Si no se da información, que haya una sanción hasta de tipo penal por ocultar actos de corrupción”.  

Anticipó que de no ser así, “los organismos van a seguir ocultando la información, dándole vueltas para no darla, a sabiendas de que no van a tener sanciones y de que pueden seguir tranquilamente alargando y alargando el proceso y jamás proporcionarla”.  

Blanche Petrich, periodista de larga trayectoria, dijo que “es muy contradictorio querer eliminar la herramienta y ponerla a disposición de órganos que tampoco son de probada autonomía”. 

Sobre todo, enfatizó, si quedara en manos de la SFP. “No me parece cómo un órgano del Estado tenga mucho interés en escuchar a la sociedad civil o a la prensa. Dificultaría aún más el acceso a la información.

“Nuevamente los periodistas estaríamos como a expensas de ciertas filtraciones de prensa para de pronto romper esa barrera de secrecía que caracteriza muchas veces a las instituciones del Estado. Y en una democracia es muy importante que la prensa y la sociedad tengan los recursos para romper esas barreras de secrecía”.

Mientras para Lizárraga se tiene que revisar “el gasto” del INAI porque “se han cometido muchísimos excesos”, Olmos dijo que la revisión se debe centrar en “la eficacia de su trabajo”, con el propósito de determinar “qué tan adecuadamente está haciendo su labor y dónde se puede mejorar”, y que se deben acortar los tiempos de entrega de información.   

Ganador del primer lugar del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter 2017, por su investigación La negra historia de Odebrecht en México, Olmos explicó cómo hizo su trabajo: “(La alternativa fue) buscar, tejer alianzas, estrategia, con colegas de otros países para poder tener acceso a información que en México está vedada, pero que por otras vías se puede conseguir”. (Con información de Héctor Molina)

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