El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 321 votos de los grupos parlamentarios de Morena, PT, PES, PVEM y MC —124 panistas, priistas y perredistas sufragaron en contra— la minuta, devuelta por la Cámara de Senadores con modificaciones, que expide la Ley Federal de Austeridad Republicana y obligará a los servidores públicos de mando superior que se separen del cargo a esperar hasta 10 años para poder ocupar puestos en empresas privadas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su función gubernamental.

Adicionadas también diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el decreto correspondiente fue turnado al Ejecutivo federal para su eventual promulgación y vigencia.

Fueron cuatro las modificaciones de forma, específicamente de redacción, y una de fondo, la que duplicó de cinco a 10 años el referido plazo obligatorio, las que realizó el Senado de la República en ejercicio de sus facultades legislativas de Cámara revisora.

Sergio Ascencio Barba (PAN) expresó desde la tribuna que la nueva norma es una legislación hecha al gusto y capricho del presidente de México, no de la mayoría de los mexicanos.

El perredista Antonio Ortega Martínez coincidió con la crítica del panista guanajuatense.

“Estos errores resultan de la necesidad de cumplir caprichos de un presidente que disfruta gobernando con símbolos (...) Se mandó una minuta al Senado que nos regresa hasta con errores de redacción (...) De las cinco modificaciones realizados por el Senado, sólo una representa un cambio sustantivo”, expresó.

“El Senado le enmienda la plana a la Cámara de Diputados por no saber escribir una ley. Por las prisas. Porque la mayoría hace oídos sordos y nunca aceptará un cambio, por bueno que sea, si este viene de la oposición.

“Increíble que el cambio al artículo 2 sea porque no saben, quienes redactaron la minuta, el nombre correcto de la ley. Que los cambios al artículo 17 sean por la incapacidad de redactar ideas completas y dejar una redacción poco clara. Que el cambio al artículo 27 sea porque ni siquiera se armonizó la redacción entre artículos. Y, por último, que el artículo 28 tenga un cambio únicamente en mayúsculas. Ya lo dijo el diputado Muñoz Ledo, ¡qué manera de legislar, compañeros de la mayoría!’’, se mofó.

Maiella Gómez Maldonado (MC) explicó que su bancada votó a favor del decreto original que se turnó a la Cámara Alta, pero porque la prohibición referida era de cinco años para todos los servidores públicos que por su encargo se relacionen con empresas, sin distinción.

“Pero en este dictamen se eleva la prohibición a 10 años y ahora permite que la misma autoridad, a través de un manual de percepciones, pueda decidir por sí misma a qué servidores públicos se le aplica o no esta disposición.

“Lo anterior constituye fundamentalmente una manera de evadir la prohibición que como Legislativo estamos imponiendo a los servidores públicos en general, ya que anula el sistema de contrapesos que permite que bajo criterios propios se decida a quién se inhabilita o no. Y además la comparativa internacional nos lleva a dos años, como promedio del tiempo que limita a los altos funcionarios públicos”.

Sin embargo, a la hora de la votación, la bancada de MC aprobó la minuta a discusión.

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