La corrupción en México es un problema que afecta la viabilidad del sistema político y el centro del problema es la falta de profesionalización de los funcionarios del Estado, advirtieron especialistas en temas de rendición de cuentas.

Durante  la cuarta sesión del seminario “La política y su compromiso con el desarrollo”, organizado por el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Colegio de México, el investigador asociado de México Evalúa, Marco Antonio Fernández Martínez, advirtió que existen importantes desafíos en términos del combate a la corrupción. Expresó que esta mala práctica “mata”.

El también profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey (Tec de Monterrey) argumentó que el estado actual de la Auditoría Superior de la Federación refleja una política ineficaz, pues de 930 denuncias presentadas entre 1998 y 2016, sólo ha existido una sentencia.

El especialista de la organización no gubernamental señaló que es inconsistente decir que se busca combatir la corrupción cuando existen recortes de presupuesto a las entidades que son responsables.

Asimismo, alegó que el centro del problema en el combate a la corrupción es la falta de profesionalización de los trabajadores del Estado mexicano.

Fernández Martínez expuso que, como parte de los retos a futuro, se requiere fortalecer la rendición de cuentas. En este sentido, abundó que es crucial que la sociedad civil tome un papel activo en el largo plazo para la creación de un servicio civil regulado y de una prensa libre.

Sostuvo que la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) a nivel nacional necesitará vigilancia constante y un verdadero compromiso de los actores políticos para combatir la corrupción.

A su vez, dijo el especialista de México Evalúa, el SNA requiere que se le incluya el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera.

Asimismo, Fernández Martínez dijo que la futura Fiscalía General de la República debe ser un ente independiente, autónomo y con recursos humanos profesionales que contribuyan al desmantelamiento de las redes de corrupción.

Durante el seminario fue presentado el libro La responsabilidad del poder, elaborado por las mismas instituciones coordinadoras del foro. En este trabajo —integrado por dos tomos que incluyen más de 40 ensayos— el profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), David Arellano Gault, expuso que “la corrupción se ha normalizado en el país. Es decir, paradójicamente, el sistema político está sustentado en lógicas de corrupción, como un modus operandi normal”.

A través del ensayo titulado La corrupción política y administrativa como obstáculo para la gobernabilidad y el desarrollo, el también miembro de la Academia Mexicana de Ciencias profundizó en que reducir la práctica de cohecho requiere de capacidades técnicas sofisticadas de prevención, investigación, persecución y enjuiciamiento.

Mediante el trabajo, Arellano Gault advirtió que esta mala práctica es un fenómeno que en el fondo está sostenido por prácticas sociales y políticas recíprocas, sólidas y hasta legitimadas.

“Se trata de combatir una serie de prácticas sociales, algunas legales, otras no, que construyen una cadena de lazos entre personas, entre organizaciones, entre grupos. Una red llena de rutinas y actos cotidianos que requieren en muchos casos de un sofisticado sistema de técnicas y mecanismos para desarticularla de forma permanente”, se lee en el texto de Arellano.

El especialista del CIDE abundó que la próxima administración necesitará avanzar en el inicio del desmantelamiento del sistema de corrupción si desea incluso mantenerse como un gobierno viable.

“La corrupción en México es ya un problema que afecta la viabilidad del sistema político”, señaló David Arellano, y alertó que “desnormalizar” esta mala práctica requerirá mucho tiempo, paciencia, así como experimentación legal, organizacional y política.

Para ello, reflexionó el integrante de la Academia Mexicana de Ciencias, la democracia mexicana requiere avanzar en esta agenda urgentemente. Así, el próximo gobierno de la República —que comenzará su gestión en este 2018— deberá aceptar pagar el costo político de iniciar un sólido movimiento anticorrupción.

“La gobernabilidad de su administración estará en juego con esta carta. Ese costo, si la voluntad política es sólida y la capacidad organizacional y de gestión para hacerlo se prioriza, puede convertirse, sin embargo, en un logro que genere un altísimo capital político”, reconoció Arellano Gault.

El investigador del CIDE auguró, en este contexto, que el SNA será atacado “fieramente” por el sistema político. Además, nació sin claridad de cómo construir las capacidades técnicas, organizacionales y de gestión que serán críticas para su éxito. “Es indispensable priorizar la construcción de dichas capacidades, entre las cuales están: de control interno verdadero, auditoría forense e investigación y análisis criminal”, sugirió.

Por su parte, Leticia Bonifaz Alfonzo, directora  de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuso que la corrupción sí está en la discusión nacional, sin embargo, la desigualdad no está en el centro del debate y los temas de migrantes, indígenas y mujeres no han contado con propuestas concretas para mejorar sus condiciones.

[email protected]