El Estado mexicano tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, porque sin garantías la reforma constitucional en la materia, no sirve para nada, afirmó el ombudsman capitalino, Luis González Placencia.

Al participar en las mesas de Diálogo sobre la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, destacó que también es deber del Estado prevenir las violaciones a los derechos, investigar, sancionar y reparar el daño.

Promover los derechos humanos quiere decir que se tiene la obligación de hacer que se conozcan; respetar, significa que se está obligado a no violarlos; proteger, que se está obligado a evitar que otros los violen; y garantizar, quiere decir materializar los derechos ciudadanos , detalló en un comunicado.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reiteró que derechos humanos que no tienen garantías no se ejercen, por lo que es obligación del Estado construirlas para hacerlos efectivos.

En el Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación (PJF) explicó que la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, es la más importante que ha tenido la Constitución Mexicana desde 1910.

Esta reforma fraguará en la próxima década una nueva forma de ver el derecho a partir de los derechos humanos , anotó ante servidores públicos y el director del Instituto Federal de Defensoría Pública, Mario Alberto Torres.

El ombudsman capitalino indicó que a partir de esta modificación se tendrán herramientas para exigir que la política pública tenga como eje central del tema de los derechos de las personas.

Por ello, el gran desafío del tema de los derechos humanos es identificar en dónde el derecho excluye y por lo tanto, genera una violación, y cómo hacer para que sea incluyente, resaltó.

Asimismo, González Placencia apuntó que el reto de los operadores jurídicos será reconocer en dónde hay normas de derechos humanos que tengan impacto en aquellas que aplican en el momento.

Reiteró que la citada reforma coloca como eje a los derechos humanos, porque ahora los operadores jurídicos podrán decidir inaplicar disposiciones apelando a la inconvencionalidad.

Otro de los elementos que incorpora la reforma es la interpretación pro persona. Este es un criterio que se expresa como una necesidad de interpretación y que limita la posibilidad de una interpretación libérrima por parte de jueces y operadores jurídicos , subrayó.

El presidente de la CDHDF dijo que el principio pro persona supone que la decisión en el caso de un conjunto de normas que tiene que tomar el juez es aquella que mejor proteja los derechos de las personas.

Eso también implica que quien aplicará esta norma o interpretará, tendrá que preguntarse qué consecuencia tendrá su decisión , agregó.

Si esa decisión amplía la posibilidad de violar derechos, entonces esa es una decisión incorrecta; si esa decisión reduce esa posibilidad, se convierte en una decisión correcta conforme a este principio pro persona , puntualizó.

ERP