Expertos convocados por El Economista destacaron la importancia de que el Sistema Nacional Anticorrupción corra por sus propios rieles en la lucha contra el flagelo, y no bajo los del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para que no sea esta administración la que defina qué casos sí y qué casos no investigar, además de señalar que en el expediente de Pemex, el único que puede dar resultados es la Fiscalía General, ya que otras instancias no tienen capacidad de investigación sobre una empresa del Estado mexicano.

En la mesa de análisis se preguntó sobre el alcance y las facultades que tiene el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para investigar y señalar este tipo de actos.

“El sistema puede hacer cosas coordinadas; el sistema puede, porque si no, ¿para qué existe?”, dijo Edna Jaime, de México Evalúa, ante lo cual Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana, planteó que el sistema sólo es un ente coordinador, pero el verdadero combatiente de la corrupción en el país es el Fiscal General de la República

Consideró inevitable que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, planteará al Comité Coordinador del SNA que asuma el combate a la ilegalidad en Petróleos Mexicanos (Pemex) y el robo de combustible.

“Yo creo que (el SNA) sí se va alinear, es inevitable que lo plantee la secretaría, porque es una prioridad del presidente. Lo que me preocupa es que el Sistema se alinee como conjunto de instituciones a la prioridad del presidente. Ese es el verdadero riesgo. Cuando el presidente determina qué casos sí y qué casos no investigar, y cuando él determina qué es una prioridad del sistema, se regresaría a la decisión presidencial de sí actuar o no actuar”, alertó Bohórquez.

“No estoy diciendo que no sea importante (el combate a la corrupción y el robo de combustible), por eso involucraron a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF), por eso las empresas de Hidrosina investigadas están utilizando el enfoque correcto para desmantelar estas redes. De lo que no estoy seguro es si un presidente debe definir la política anticorrupción en un país, o es el país a través de un mecanismo el que debe decir la prioridad (...) Lo que no puede ser es que la discusión sobre política criminal, en materia de corrupción, se limite a lo que el Ejecutivo quiera plantear”, comentó el director de Transparencia Mexicana.

Al respecto, Edna Jaime puntualizó: “Yo creo que el Ejecutivo sí define la política criminal de un país. Yo creo que sí es parte de sus atribuciones. Sino, se le deja completamente inútil, un Ejecutivo federal que no pueda decir: ‘me quiero ir contra el crimen organizado’. Yo creo que sí puede definir las políticas públicas de combate criminal. Lo que no puede hacer es meterse a la cocina a manipular pruebas y a decir a quién investigar y a quién no, en un trabajo que le corresponde a la Fiscalía. El presidente no puede dictar al sistema (anticorrupción) qué hacer, pero yo creo que al sistema le conviene alinearse con la política anticriminal del presidente”.

Ricardo Alvarado, de Mexicanos contra la Corrupción, intervino: “La agenda de los órganos del SNA no puede ser la misma que la del presidente, porque entonces su agenda se vuelve irrelevante”. Pero ante ello, Edna Jaime consideró que el presidente “tampoco puede ser omiso ante la agenda pública”.

¿Detenciones espectaculares?

En este foro, los expertos en el combate a los ilícitos gubernamentales también debatieron acerca de las detenciones que se piden desde la sociedad contra exgobernadores, líderes sindicales y hasta de expresidentes de la República.

Ricardo Alvarado, de Mexicanos contra la Corrupción, indicó: “No queremos la foto de (César) Duarte esposado. Eso no es combatir corrupción; se trata de acabar con la red de complicidad. No queremos esa espectacularidad, yo entiendo que vende, pero le hace daño”.

Pero Edna Jaime estimó que sí es una acción ejemplar: “Si tienes un aparato eficaz de persecución, de que te puedes ir a prisión, siendo quien seas, sí necesitamos medidas ejemplares. Si metes a una persona a la cárcel, puede que no estés tocando la red de corrupción, que tiene que ver con empresas fantasma, con una red de distribución, entonces lo ideal sería tener la capacidad para identificarla y llevarlos a todos a la justicia. Una medida espectacular, a lo mejor satisface algunos apetitos, pero no necesariamente desmantela”.

Ricardo Alvarado, de Mexicanos contra la Corrupción, expuso: “Si metemos a Javier Duarte a la cárcel, el éxito de la política anticorrupción descansa en que el proceso judicial encaje y funcione bien, pero si (Guillermo) Padrés entra a la cárcel y sale a los tres años, se cae toda la política porque le apostaron a ese caso”.

Ricardo Salgado Perrilliat, secretario ejecutivo del SNA, puntualizó: “Yo creo que hay que apostarle a reducir los márgenes de impunidad en el país. A mayor impunidad mayor corrupción (...) Hay que apostarle a los casos donde sí sea ejemplar, pero no tiene que ser un funcionario (...) puede ser el policía de la esquina”.

Caso Pemex

Aarón Grageda Bustamante, director de Monitor Nacional Anticorrupción y presidente del Comité de Participación Ciudadana de Sonora, comentó que si bien es cierto que el SNA no puede hacer mucho por la legalidad en Pemex, el presidente no está interesado en el control de personal, sino en “barrer la corrupción de arriba hacia abajo”.

Edna Jaime afirmó que, “el estatuto de empresa productiva del Estado, dejó (a Pemex) en un lugar problemático para la rendición de cuentas, en comparación con el que tiene el resto de la Administración Pública Federal, pero sí hay lugares donde puede estar el auditor superior de la Federación”.

Ricardo Salgado Perrilliat, secretario ejecutivo del SNA, reconoció que los actos de ese organismo coordinador no son vinculantes.

Eduardo Bohórquez dijo que la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción no pueden participar en investigaciones contra Pemex, debido a su naturaleza de empresa del Estado.

“Sí podría hacerlo, pero tiene limitaciones jurídicas por la naturaleza de Pemex. El único articulador de control a la corrupción en Pemex es el Fiscal General”, atajó el directivo de Transparencia Mexicana.

Emiten nueva convocatoria

La Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción emitió la convocatoria para elegir al miembro del Comité de Participación Ciudadana (CPC) que suplirá a Luis Manuel Pérez de Acha, quien renunció hace algunas semanas por sus aspiraciones a dirigir la Fiscalía General de la República.

“El dr. Pérez de Acha fue designado como integrante del CPC para el periodo 2017-2021, por lo que la candidatura que resulte seleccionada en esta nueva convocatoria desempeñará el encargo por el tiempo restante de la vacante, que comprende el periodo 2019-2021”, se precisa en la convocatoria emitida por el Comité de Selección, el cual está integrado por académicos y titulares de Organizaciones de la Sociedad Civil.

Entre los requisitos para formar parte del CPC están el ser un ciudadano con una reputación intachable, no haber ocupado cargos públicos en los últimos cuatro años antes de su participación en la convocatoria, tener más de 35 años de edad al día de la designación; tener un título profesional a nivel licenciatura de antigüedad mínima de 10 años y contar con conocimientos relacionados con la fiscalización y el combate a la corrupción.

Listos, los fiscales

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, propuso al Senado de la República a Agustín Ortiz Pinchetti como fiscal electoral y a María de la Luz Mijangos Borja como fiscal anticorrupción.

Las propuestas hechas por Gertz Manero se turnaron a la Comisión de Justicia de la Cámara Alta para su estudio y posible ratificación de sus integrantes. (Con información de Notimex)

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Pese a que los Sistemas Locales Anticorrupción en el país comienzan apenas su trabajo, las renuncias de miembros de primera línea, como los secretarios ejecutivos o miembros de los Comités de Participación Ciudadana, ya han comenzado a registrarse.

“El tema es: no hemos logrado consolidar, no hemos terminado el Sistema, por lo menos a nivel estatal no se ha consolidado.

“Tienes, por ejemplo, dos estados de la República donde ya tienes renuncias de secretarios (ejecutivos de los sistemas): Durango y Tabasco, y eso llama la atención que no terminen el encargo y que por razones de cualquier índole terminen renunciando y no terminen cuando han sido nombrados por un cierto periodo y sea la renuncia propuesta por ellos mismos”, dijo Ricardo Salgado Perrilliat, secretario ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

En la mesa de diálogo convocada por El Economista, el secretario puntualizó que las razones de las renuncias son variables.

“Sería cosa de verlo en cada caso porque te dicen una cosa y otros te dicen otra. El tema es que por lo menos en Tabasco y Durango han dejado su encargo: en Durango van tres secretarios y en Tabasco va uno y tienes otro en Veracruz también, en Coahuila tenemos una renuncia”, añadió Perrilliat.

En Veracruz, por ejemplo, la renuncia del secretario técnico del sistema, Martín Quitano Martínez, se dio apenas unos meses después (en octubre) de haber sido nombrado, en agosto del año pasado. De acuerdo con el mismo Quitano, su renuncia se debió a “motivos personales”.

No obstante, en Veracruz no ha sido la única renuncia. A penas en enero pasado renunciaron 10 miembros del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, así como uno de los miembros del Comité de Participación Ciudadana (CPC).

De acuerdo con Aarón Grageda, presidente del Comité Ciudadano de Sonora, hasta ahora los Comités Ciudadanos que han registrado renuncias de sus integrantes son: Aguascalientes, San Luis Potosí y Morelos.

En el CPC de Aguascalientes refirió que se dio la renuncia de su presidente, misma situación que ha sucedido con San Luis Potosí.

En tanto que en Morelos hay un amparo para desconocer a los integrantes de dicho CPC.

En este sentido, Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción, indicó que la situación de los CPC a nivel local es precaria además de existir disonancias entre los mismos integrantes, lo cual hace más complejo que se avance en la toma de decisiones.

“Uno cuando baja a los estados la tragedia es mayúscula. Hay CPC de los estados que pasan largas horas poniéndose de acuerdo en ¡cómo van a ponerse de acuerdo!, porque creo que un poco (lo que pasa) es que los nombramos y los dejamos, y ahí se quedó.

“Porque si el esfuerzo de la Secretaría General fue mayúsculo y demandó la atención de todas las organizaciones y estaba ahí todo el mundo, en los estados ese mismo fenómeno ya no pasó”, acotó el especialista.

Aunado a las renuncias, afirmó Aarón Grageda, otro frente al que tienen que poner atención los Sistemas Estatales Anticorrupción es la escasez de recursos públicos para su funcionamiento.

“Lo que tenemos actualmente en la mayoría de los estados, que puedo decir que es arriba de 50%, es la negociación del Poder Ejecutivo (local) mandando la iniciativa para castigar, doblar o incluso poner de rodillas muchos sistemas”, afirmó.

Siguen sin avanzar en las entidades

Tras casi dos años de que concluyera el plazo para que los Sistemas Locales Anticorrupción debieran estar concluidos, en la actualidad hay casi un tercio de las entidades del país que aún no completan la estructura orgánica o incluso algunas que no han completado su marco legal en la materia.

De acuerdo con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), con corte hasta el 1 de febrero pasado, en el país había cuatro entidades: Baja California, Chihuahua, Hidalgo y Nuevo León que no habían publicado una o hasta dos leyes de las ocho que conforman el marco legal anticorrupción que se debe tener para el adecuado funcionamiento de los sistemas locales.

Por otra parte, sobre la estructura orgánica, de acuerdo con la misma Secretaría Ejecutiva del SNA, con misma fecha de corte, hay hasta ahora 22 entidades que cumplen con el nombramiento de los titulares de las seis instancias que conforman los Sistemas Locales y que son: la Comisión de Selección, el Comité de Participación Ciudadana, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, magistrado en Responsabilidades Administrativas, Comité Coordinador, y el secretario Técnico del Sistema.

En este rubro, la entidad con mayor retraso es la Ciudad de México, a la cual le hace falta nombrar Comité de Selección, Comité de Participación Ciudadana, fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Comité Coordinador y secretario Técnico.

A la capital le sigue Chiapas que, a pesar de ser de las primeras entidades que completó su marco normativo de leyes anticorrupción, mantiene en la actualidad cuatro nombramientos de titulares faltantes: el Comité de Selección, el Comité de Participación Ciudadana, Comité Coordinador y Secretario Técnico.

En contraparte, de los estados que aún no completan la estructura orgánica de su Sistema Local pero que están a punto de hacerlo se encuentran San Luis Potosí, Tlaxcala y Guerrero; las tres entidades coinciden en la falta de un secretario técnico del sistema.

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