Es necesario reivindicar la legitimidad del Poder Judicial de la Federación sobre la base de su independencia y la defensa de ésta, plantea el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de la Rea.

En un documento preparado previo al proceso donde resultó electo presidente de la Corte, el ministro destaca que es necesario un ejercicio autocrítico que permita realizar las acciones necesarias para reivindicar la legitimidad de ese poder de la Unión.

Desde su perspectiva, la confianza es la base de la legitimidad democrática “y nuestro único capital político”.

En el documento titulado Líneas Generales de Trabajo 2019-2022, el ministro expone que hacer oídos sordos a los reclamos y entender a la división de poderes como aislacionismo o pretender que somos inmunes a los procesos políticos, nos colocaría en una posición de vulnerabilidad y pondría en riesgo nuestro rol institucional”.

El ministro asegura que la división de poderes es una condición para la existencia del Estado constitucional democrático y una de sus expresiones es la independencia judicial.

Explica que la independencia judicial comprende dos facetas: una referida a la institución y otra a la forma en que cada juez emite sus decisiones. Ambos aspectos, reitera, son indispensables para que la impartición de justicia cumpla con los estándares constitucionales que la definen; para que exista certidumbre, previsibilidad y Estado de Derecho.

En ese tenor, para el ministro, el principal desafío como presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal es llevar a cabo la defensa de la independencia judicial, sin entrar en una confrontación o en un choque de trenes.

Nos perciben corruptos y derrochadores, plantea

Zaldívar Lelo de la Rea refiere que no es posible negar que actualmente existe en la sociedad una percepción generalizada de falta de independencia, corrupción y derroche en el Poder Judicial Federal.

Dice que si bien esa percepción no necesariamente corresponde a la realidad, es derivada, en gran medida, por la debilidad sistémica producto de las deficiencias en materia de transparencia, comunicación y apertura.

Ante esa situación, señala que es necesario contrarrestarla con comunicación efectiva, así como medidas inmediatas en materia de austeridad, combate al nepotismo y a la corrupción.

El ministro identifica que al Poder Judicial se le acusa de un uso excesivo de recursos, de una acumulación de privilegios que no es congruente con la realidad que vive la población en general y de que el sistema parece estar al servicio de quienes lo conforman y no de la sociedad. Por ello, plantea implementar programas de austeridad a través de los cuales se asegure que el presupuesto servirá para la impartición de justicia pronta, completa e imparcial.

Concretamente propone que los recursos públicos deben utilizarse en la profesionalización y actualización del personal que integra el Poder Judicial; hacer más eficientes los procesos y eliminar los obstáculos que dificulten el acceso a la justicia; facilitar a las personas la defensa de sus derechos humanos y en reducir sustancialmente el tiempo que toma resolver los conflictos ante las autoridades jurisdiccionales.

Propone complementar los procesos de compras consolidadas; implementar programas de compras en materia de informática para el cuatrienio completo; contención de salarios de mandos superiores y reorientación del gasto.

También admite que hay nepotismo en el Poder judicial. Dice que es uno de los problemas que más ha dañado la imagen de ese poder. Señala que el reto es regular el acceso a los cargos en el PJF de tal manera que los vínculos familiares no predeterminen las oportunidades de acceso, “pero que tampoco sean un obstáculo discriminatorio”.

Con respecto a la carrera judicial, plantea que es necesario implementar concursos de oposición para todos los cargos y no sólo para la selección de jueces de distrito y magistrados de circuito.

Eso implica hacer públicos los nombres de los participantes en todas las etapas de un concurso, junto con las evaluaciones de éstas, transparentar el nombre de los evaluadores y limitar a casos excepcionales las revisiones administrativas; evitar las evaluaciones que favorecen la memorización sobre el razonamiento y exigir declaraciones de conflicto de interés exhaustivas y actualizadas frecuentemente.

También pone de manifiesto la necesidad de aplicarse con rigor el sistema de sanciones disciplinarias, administrativas y penales, a fin de que disminuyan de forma efectiva las conductas deshonestas, siempre con apego al debido proceso, la presunción de inocencia y la proporcionalidad de las sanciones.

Incluso destaca que debe hacerse uso del convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, cuya finalidad es proporcionar información sobre la detección de movimientos irregulares u operaciones atípicas. Refiere que la corrupción debe combatirse también en el ámbito administrativo y para ello es necesario adoptar procedimientos de adquisiciones y contrataciones totalmente electrónicos, con el objetivo de disminuir el riesgo de colusión entre proveedores, aplicando también los criterios del Sistema Nacional Anticorrupción.

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