En seis años, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) destinó casi 200 millones de pesos de su presupuesto para el pago de multas, por violaciones a la ley electoral.

Del 2006 al 2011, el Instituto Federal Electoral (IFE) descontó un total de 197.3 millones de pesos de las prerrogativas del Revolucionario Institucional.

Sin embargo, este monto es menor a los 1,000 millones de pesos que debió pagar el tricolor desde mediados del 2003 por el caso conocido como Pemexgate, que representó el destino de recursos del sindicato petrolero a la campaña presidencial del priísta Francisco Labastida en el 2000.

La resolución del IFE consideró que para el pago de los 1,000 millones de pesos, al PRI se le descontaría el total del financiamiento destinado para el gasto ordinario del 2003 y a partir de enero del 2004 se le redujo a 50% de las siguientes ministraciones, y así hasta liquidar la sanción.

Es así que el pago del PRI concluyó en enero del 2006, es decir, aproximadamente dos años y medio después de aplicada la sanción económica por parte del instituto electoral.

Un reporte actual de transparencia del Partido Revolucionario Institucional registra un comportamiento variable en la aplicación de multas, en los últimos años, por parte de la autoridad electoral, por violaciones a la legislación comicial.

Y es que en el 2006, el PRI recibió multas por 23.1 millones de pesos, mientras que para el 2007 la cifra pasó a 66.7 millones. En el 2008 el monto de las multas disminuyó, colocándose en 48.3 millones de pesos y al año siguiente, el 2009, bajó a 29.7 millones.

En el 2010, el monto de multas fue de 12.4 millones de pesos, mientras que en el 2011 las sanciones subieron a 16.8 millones de pesos.

Las sanciones aplicadas en ese periodo de seis años (2006-2011) representaron para el PRI sólo 3.99% de su financiamiento destinado para actividades ordinarias, específicas y de campaña (este último para el 2006 y el 2009), el cual ascendió a 4,948 millones de pesos (cifra cerrada).

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