Los recursos públicos predominan en el gasto de los precandidatos únicos presidenciales en este proceso, según cifras dadas a conocer por el consejero del INE, Ciro Murayama.

Durante la sesión del Consejo General del INE  se informó que alrededor de 99% de los 7 millones 37,760 pesos en ingresos que ha reportado Ricardo Anaya, precandidato del PAN, PRD y MC, es dinero público y proviene de los partidos políticos que lo postulan.

Mientras que en el caso de José Antonio Meade, aspirante del PRI, PVEM y Panal, 100% del dinero en su precampaña también viene de partidos; hasta el momento ha reportado 14 millones 754, 852 pesos.

En el caso de Andrés Manuel López Obrador, de Morena, PT y PES, 81% de los 4 millones 433, 869 pesos que ha reportado a la autoridad electoral provienen de recursos públicos.

En total, al corte de la madrugada del 12 de febrero —cuando concluyeron las precampañas— los aspirantes únicos reportaron 26.3 millones de ingresos contra 35.4 de egresos; mientras que los aspirantes independientes a la presidencia han reportado en conjunto 19 millones 211,935.74 pesos de ingresos y 16 millones 570,313.37 pesos de egresos, indicó el consejero.

Los precandidatos tienen hasta este viernes 16 de febrero para enviar al  Instituto Nacional Electoral su reporte de ingresos y gastos.

Colaboración con hacienda

El Instituto Nacional Electoral tuvo acercamientos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para agilizar el envío de información financiera sobre la detección de actividades riesgosas que descubren los bancos, ello con el fin de agilizar tareas de fiscalización de la autoridad electoral.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, informó que, además de la depuración de 90% del Registro Nacional de Proveedores, al eliminar a aquellas empresas que no están al día con sus obligaciones con el Servicio de Administración Tributaria, en el INE también están en la ruta de pasar de una fiscalización centrada en la dimensión contable a una de inteligencia financiera.

“La Unidad Técnica de Fiscalización está construyendo modelos de riesgo, identificar cómo operan las empresas fachada”, manifestó Córdova.

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