La Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó desvíos de recursos públicos federales a nivel estatal por casi 20,300 millones de pesos, los cuales se deberán de reintegrar a la federación.

En la inauguración en la ciudad de Oaxaca de la LXII Reunión Nacional de Contralores Estados-Federación 2019, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros indicó que el monto a reintegrar por los estados proviene de recursos federales destinados a través de programas que no fueron aplicados para los fines previstos.

Además de este monto, Sandoval Ballesteros mencionó que también se aplicaron a funcionarios públicos de nivel estatal sanciones por 6,331 millones de pesos por presuntas faltas administrativas.

Asimismo, en un recuento sobre lo realizado por la SFP a seis meses de que tomó la riendas de la dependencia federal, la funcionaria destacó que se iniciaron 6,200 procedimientos de responsabilidades administrativas; se impusieron 400 inhabilitaciones, y se han aplicado sanciones económicas a funcionarios públicos por 657 millones de pesos, además de que se encuentran en proceso 50 procedimientos de sanciones más.

Ante los contralores del país, Sandoval Ballesteros puntualizó que se combatirá la corrupción a través de una nueva estrategia, que se basará en una vigilancia estricta al gasto ejercido en obra pública, a lo recolectado a través de las políticas de austeridad, en los procesos de adquisición en la administración pública y en los convenios firmados entre la federación, los estados y los municipios.

En este sentido, la funcionaria, acompañada del auditor de la federación, David Colmenares Páramo, y del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, entre otros, precisó que la verificación de la obra pública se realizará sobre un monto fiscalizable de 370,000 millones de pesos, destinados en el Presupuesto de Egresos del 2019.

Sobre los procesos de adquisición, Sandoval Ballesteros puntualizó que se auditará el gasto de 275,000 millones de pesos destinados para este año a dicho rubro.

La funcionaria federal acotó que, aunado a estas acciones, también se fiscalizarán fideicomisos públicos, proyectos de asociación pública-privada y “que constituyen los vehículos de gasto con mayor opacidad”.

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