Entre acusaciones por casos de corrupción de gobernadores, ex jefes de gobierno, legisladores y empresarios, la Comisión Permanente avaló la apertura de un periodo extraordinario de sesiones para definir si las personas físicas y morales que reciben recursos públicos deben o no presentar sus declaraciones patrimoniales, de interés y fiscales.

Será el 5 de julio cuando el Senado lleve a cabo el periodo extraordinario y un día después lo hará la Cámara de Diputados, pero el debate no se centró en este punto. Diputados y senadores, unos con burlas y otros con ironía, destaparon una serie de actos de corrupción, algunos de los cuales han quedado impunes.

Desde tribuna, cada uno de los legisladores fue sumando casos a la lista: la Línea Dorada del Metro; el segundo piso del Periférico; las ligas de René Bejarano; la Estela de Luz; la presa del rancho de Guillermo Padrés; los desvíos de recursos en el gobierno de Javier Duarte; la deuda heredada de César Duarte; el fiscal a modo de Roberto Borge; la ligas de Lucero Sánchez con Joaquín el Chapo Guzmán; la toma de protesta a Julio César Godoy Toscano; los moches de los diputados; la detención en el aeropuerto de Chiapas de Arturo Escobar y los casos Oceanografía, OHL, Higa y Monex.

La panista Mariana Gómez del Campo fue la primera en mencionar casos específicos. Ante tantas acusaciones al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, ahora éste pretende que haya un fiscal anticorrupción a modo para que no lo investiguen, delató, y en Chihuahua y Quintana Roo quieren solapar a los gobernadores César Duarte y Roberto Borge, mientras el gobierno federal cruza los brazos.

El perredista Guadalupe Acosta Naranjo pidió no blindar a gobernadores que fueron castigados por ladrones , al referirse al voto de castigo del pasado 5 de junio.

El priista Alejandro Domínguez, además de presumir que sabe quiénes inauguraron los moches en el Legislativo, recordó que alguien metió a un diputado vinculado con el narco a tomar protesta al referir que en el 2010, Julio César Godoy Toscano llegó a San Lázaro en una camioneta propiedad de Acosta Naranjo.

El aludido entonces tomó la palabra y dijo que esa camioneta no la manejaba él y recuerda que quien le tomó protesta a Godoy, prófugo de la justicia, fue su extraordinario, fino y nunca bien ponderado amigo (Jorge Carlos) Ramírez Marín (del PRI) . Acosta Naranjo enfatizó que él y Alejandro Encinas promovieron el desafuero de Godoy y también de René Bejarano, quien siguió su proceso en la cárcel, cárcel donde deben estar los Duarte y Borge.

Nosotros iniciamos el proceso de desafuero, los ponemos en la justicia y ustedes los protegen, ésa es la pequeña diferencia entre ustedes y nosotros , exclamó.

Todo esto se dio en una sesión en la que se enlistaron puntos de acuerdo para que se agilicen las investigaciones contra el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, y exfuncionarios de su administración por presuntos desvíos de recursos y enriquecimiento ilícito; además de una solicitud para que el secretario de Gobernación intervenga de manera urgente en el proceso de transición del gobierno de Veracruz.

En tanto, el PRD en la Cámara de Diputados adelantó que votará en contra de las observaciones del Ejecutivo federal a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, durante el periodo de sesiones extraordinarias que se realizará el miércoles de la próxima semana, informó Francisco Martínez Neri.

Piden a la ALDF

Argumentos para su aprobación de la Ley 3de3

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emplazó a la ALDF para que en 30 días motive, sustente y argumente cómo fue que aprobó la Ley de Transparencia para la Ciudad de México, que obliga a los funcionarios públicos del Gobierno de la Ciudad de México a presentar la 3de3; esto es su declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses, notificación que fue entregada a la Dirección de Asuntos Jurídicos.

De acuerdo con la diputada del PRI en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) Dunia Ludlow Deloya manifestó que el Poder Legislativo capitalino defenderá hasta las últimas consecuencias la ley de transparencia que se votó por unanimidad en mayo pasado; sin embargo, reconoció que los fallos del máximo tribunal son inapelables, por lo que estarán pendientes.(Rubén Torres)

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